No a la censura del internet por modernos torquemadas

  • Rodolfo Ruiz R.

No soy experto en el tema de las telecomunicaciones, pero si la especie de que finalmente desapareció del dictamen que se discute en la Cámara de Senadores todo lo relacionado con la intención de bloquear o censurar los contenidos de internet, en aras de supuestamente “blindar” y “proteger” la seguridad nacional y el interés público, me parece que estamos ante una buena  noticia.

Y me parece también que esta decisión es consecuencia de la presión y movilización social y de diferentes intelectuales y activistas que desde diferentes ámbitos, pero sobre en las redes sociales, levantaron a tiempo la voz para protestar por este burdo intento de censura, en el contexto de la aprobación de las leyes reglamentarias o secundarias de la reforma constitucional.

Ojalá esta declaración del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el poblano Javier Lozano Alarcón, se concrete en la realidad y el internet siga siendo el medio por excelencia para el ejercicio de la libertad de expresión.

Antes de dotar a un funcionario de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de facultades para censurar contenidos en los medios de comunicación y bloquear mensajes o materiales que a su juicio puedan poner en riesgo la seguridad nacional o ser perjudiciales para el interés público, primero habría que aclarar, definir y acotar esos conceptos, sin ambigüedades, y precisar cuándo y en qué casos un moderno Torquemada podría hacer uso de esas atribuciones.

En esta materia, no puede haber discrecionalidad, ni laxitud, pues una y otra podrían dar pie a encubiertos atentados contra la libertad de expresión o a sofisticadas formas de censura de autoridades, gobiernos y poderes fácticos.

Si en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se refrendó el derecho a la libre expresión y a la libre difusión de las ideas a través de cualquier medio, y se elevó a rango constitucional el derecho a las tecnologías de la información, a la comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e internet, las leyes secundarias no pueden ir en sentido contrario.

Por el contrario. En todo caso deberían proteger los derechos y privacidad de los usuarios, frente a las compañías que controlan el internet y las redes sociales, siempre y cuando estos tampoco incurran en acciones ilegales o conductas delictivas, específicamente tipificadas en la legislación internacional.

Ahora que, según parece, ya se consiguió sacar del dictamen del paquete de iniciativas de leyes secundarias el capítulo del internet, valdría la pena que los activistas, intelectuales y demás actores políticos involucrados en el tema se abocaran a otras cuestiones igualmente importantes de esta reforma.

Por ejemplo: a impedir la supeditación del órgano constitucionalmente autónomo responsable de otorgar, regular y revocar concesiones y de vigilar a los poderosas empresas de radio, televisión y telefónicas, a las decisiones del Ejecutivo federal a través de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones.

A pugnar por la apertura de los mercados de la televisión y telefonía celular a nuevos agentes económicos, con miras a ampliar la oferta y la competencia en estos sectores, en los que se concentran los poderes fácticos que el presidente Peña Nieto prometió combatir en su toma de posesión.

De poco le servirá al país que en lugar de dos cadenas nacionales de televisión, haya tres o cuatro, si las nuevos concesionarios son parte de los agentes económicos preponderantes en otros sectores, o si el gobierno federal veta a Carlos Slim y a otros poderosos empresarios para competir por las nuevas concesiones, si se hace de la vista gorda para que éstos mejores sus servicios y ofrezcan mejores tarifas en el mercado de las telecomunicaciones.

Estoy convencido que entre más empresas nacionales y extranjeras participen del mercado de las telecomunicaciones, esta industria no sólo mejorará y ofrecerá mejores servicios y contenidos, sino que jugará un rol fundamental en la recuperación económica del país, la democratización de la vida nacional,  la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
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