Las advertencias que varios prominentes panistas hicieron sobre la “perredización” de su partido, a raíz de las últimas reformas estatutarias aprobadas en marzo del año pasado — por las cuales se modificó la elección de sus dirigentes al quitar esa facultad a los consejeros nacionales y estatales para dársela a todos sus militantes mediante el voto universal—, podrían hacerse realidad.

Sí, y en el peor momento político del PAN por el desgaste de su presidente nacional Gustavo Madero, el antagonismo que muestran sus principales grupos con motivo de la renovación del CEN, y las acusaciones de extorsión y corrupción en que se han visto envueltos sus coordinadores parlamentarios y presidentes municipales por el espinoso asunto de los moches.

Si algo siempre había distinguido al PAN sobre otros partidos políticos como el PRI o PRD era la manera en que sus dirigentes y candidatos a puestos de elección popular eran electos democráticamente en sesiones de Consejo o en convenciones de delegados.

Ahora la situación será diferente, pues los panistas que desde el gobierno de Vicente Fox no han logrado superar la crisis de identidad que enfrentan, optaron por la democracia directa, asemejándose más a un partido de masas que a un partido de cuadros, lo que sin duda aumenta los riesgos de lo que parece —como escribí en mi pasada entrega– una inevitable ruptura.

¿Por qué?

Varias son las razones. La primera es que los perdedores difícilmente aceptarán su derrota en una elección abierta a toda la militancia, si su dirigente que controla las principales estructuras y órganos de dirección del partido no se separa ya del cargo y entra en una contienda de piso parejo.

Si en una elección sujeta al voto universal de sus militantes, ganan los que más dinero tengan para recorrer el país, costear una campaña, comprar consciencias y voluntades, publicitarse en medios masivos de comunicación y movilizar votantes a las urnas.

Y si los perdedores logran reunir evidencias de que los recursos empleados para entronizar al candidato de la burocracia dorada panista provienen de aquellos militantes que ocupan cargos públicos relevantes y que en aras de apuntalar a Gustavo Madero echan mano del erario; de las millonarias prerrogativas del IFE o los institutos estatales entregadas al PAN para gastos de operación; de las cuantiosas bolsas asignadas a sus coordinadores parlamentarios; o de los moches por la gestión de obras o partidas extraordinarias del presupuesto federal.

Lo anterior no es una invención mía, sino expresiones de los propios panistas que hoy pugnan por la renuncia de Gustavo Madero ante las evidencias de que éste, con el apoyo de gobernadores y alcaldes, diputados federales y diversos comités estatales y municipales, se registrará como candidato a la dirigencia nacional para un segundo periodo en las elecciones internas previstas para el tercer domingo de mayo próximo.

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Alberto Jiménez Merino, el ungido del CEN del PRI

El anuncio que este martes hizo el delegado regional de la zona sur del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, René Juárez Cisneros, de que esta semana se iniciará la reestructuración del Comité Directivo Estatal con el nombramiento de un delegado especial, en realidad es la confirmación de que el tema Puebla ya se resolvió y ahora se buscará legitimar la decisión.

Varios fueron las opciones que el CEN del PRI valoró para suceder a Pablo Fernández del Campo Espinosa en la dirigencia estatal.

En el análisis estuvieron el exrector de la BUAP y excandidato a la alcaldía poblana, Enrique Agüera Ibáñez; el presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Guillermo Deloya Cobián; la senadora Blanca Alcalá Ruiz; la diputada federal Rocío García Olmedo, y algunos recomendados del subsecretario de la Sedesol federal, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y también, aunque sin prestarles mucha atención, el diputado federal José Luis Márquez Martínez, y el exdirigente magisterial Alberto González Morales.

Sin embargo, ninguno de ellos pasó los filtros del CEN, a todos se les encontraron defectos. A unos más que a otros, por supuesto.

En la auscultación realizada por César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco entre militantes y cuadros distinguidos del PRI estatal, incluidos los últimos dos exgobernadores priístas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, la balanza se inclinó hacia un funcionario federal, que ha sido rector, diputado en el Congreso de la Unión, líder de sector y miembro del gabinete estatal en diferentes sexenios.

Me refiero al actual delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Jiménez Merino, quien en los próximos días renunciará al cargo para ser nombrado dirigente estatal del PRI.

El ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la que fue rector interino, fue el priísta mejor valorado por los diferentes grupos, pues es percibido como una gente de trabajo, como un militante con méritos propios y profesionales, y como un servidor público honesto y sin ataduras con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Filtro éste último que el CEN evaluó con detalle, pues si bien quiere a un dirigente que en Casa Puebla no puedan cooptar, tampoco quiere mandar un mensaje de animadversión o enemistad hacia el Ejecutivo estatal.

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