Verdad histórica o política. Ayotzinapa

  • Jorge E. Franco Jiménez

 

Las instituciones nacionales en la cuarta transformación transitan en un periodo de crisis de legitimidad que se ahonda ante un poder ejecutivo que se atribuye la enorme de facultad de juzgar los actos de los otros poderes y niveles de gobierno para descalificarlos como parte de una estructura del pasado a los que les pone a cargo los males que aquejan al pueblo de México, la pobreza, la corrupción e impunidad, la inseguridad, el crecimiento de la delincuencia, el deterioro del sistema de salud, el dispendio del erario público.

 

El diagnostico del ejecutivo es grave pues abarca a las policías municipales, a la policía federal que resiste su incorporación a la guardia nacional, gobernadores, a los propios miembros del Congreso de la Unión, senadores y diputados a los que mediante “recomendaciones públicas” les enmienda la plana respecto de sus decisiones parlamentarias como acaba de suceder con los temas de las presidencias de las mesas directivas de cada cámara a las que aplacó y, finalmente se sometieron y resolvieron satisfactoriamente sus diferencias, por lo menos públicamente, adecuando las decisiones a la voluntad del ejecutivo.

 

En lo que toca al poder legislativo, Congreso de la Unión, tradicionalmente por un buen número de años, el pueblo de México vivió la percepción de una realidad, traducida en que este poder era el instrumento que, mayoritariamente controlado por el Partido del Presidente de la República, convertía a este no solo en el fiel de la balanza para elegir sucesor, sino como el legislador mayor que decidía cual era la orientación que debía darse a las leyes, política exterior, tratados en fin el laberinto del plan sexenal en todos los rubros, y la distribución de las ínsulas estatales y municipales de importancia, así como los presupuestos de los estados.

 

La Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial Federal cumplía formalmente su función de un tribunal de legalidad y algunos temas constitucionales; en su conformación los ministros eran propuestos por el ejecutivo de acuerdo con las reglas imperantes que le permitían compartir ciertos espacios con otros. Su estructura y funcionamiento fue sacudida por la Reforma Constitucional del Presidente Zedillo que cerró un ciclo agotado para este poder.

 

Hoy en que el Poder Judicial de la Federación es un tribunal de Control concentrado de la Constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte, Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito y su Consejo de la Judicatura, ha sido motivo de cuestionamientos por parte del Ejecutivo a quien, en la percepción de los especialistas, no le agrada que se juzguen sus decisiones mediante ese examen constitucional; cuestionamiento que ha venido haciendo también a las procuradurías y tribunales de los poderes judiciales del orden común, lo que pone en jaque a un de por si deteriorado sistema de procuración y administración de justicia y seguridad pública.

 

En este complejo ámbito institucional se percibe que los poderes judiciales del orden común no cumplen su encomienda constitucional de impartir justicia mediante la aplicación de la ley y su interpretación; que las policías no investigan profesionalmente, es decir no contamos con un aparato capacitado en las técnicas modernas de la investigación e inteligencia criminal proporcionalmente conveniente para el número de habitantes y territorio a cubrir; la guardia Nacional militarizada ha sido motivo de vejaciones y de pocos resultados a corto plazo. No existe una política de seguridad homologada a nivel nacional basada en la igualdad de condiciones en toda la República.

De ahí que la amenaza de que México investigará a los jueces y fiscales vinculados al caso Iguala, porqué uno de los principales sospechosos de la desaparición de los 43, Gildardo López Astudillo fue puesto en libertad y ello sea parte de una larga lista de fracasos de los investigadores oficiales, federales y locales  que hace el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a que se corre el riesgo de que, bajo el precedente más que probado, de la tortura a que se les sometió a los procesados, puedan salir otros, muestra una realidad que resta legitimidad a todo el aparato de procuración y administración de justicia y seguridad pública.

Lo grave de esta crisis institucional es que proviene de un órgano que forma parte de política interna del país que considero puede emitir opiniones, más no calificar de culpables anticipadamente, con violación al derecho a “la presunción de inocencia”, como lo hace el Subsecretario quien en lo publicado remarca “Encinas, que ha acompañado al presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina, ha sido especialmente duro con el juez que absolvió a López Astudillo. “La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos”. Una representación política juzga aun juzgador me parece increíble que ostensiblemente se violenten los derechos humanos de un juzgador facultado para ello.

A todo este entorno se agrega la imputación de que “…la fiscalía, encargada de las investigaciones, sobre todo a los funcionarios responsables de las pesquisas durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Preguntado por Tomás Zerón, director de la policía ministerial, responsable del caso Iguala, Encinas ha dicho que la división de asuntos internos de la fiscalía ya “inició un procedimiento contra él por haber actuado indebidamente en el proceso”.

Para ahondar la confusión se menciona que “El martes, la comisión de la verdad se reunirá para analizar lo sucedido estos días y desglosar las cifras que ha dado Encinas. Será la primera vez que las familias escuchen de viva voz la nueva cadena de errores y omisiones de los responsables de la investigación.” Creo que esta afirmación es simplemente retórica pues desde el sexenio de Peña Nieto se habló de la cadena de errores o alteraciones que se dieron en la investigación, a partir de Murillo Karan.

En conclusión ya hay varias versiones de la verdad histórica de lo sucedido en Ayotzinapa, seguramente habrá mas que, políticamente evidencié a gobiernos del pasado y la verdad formalmente política del Gobierno de la cuarta transformación como la legítima que acredité un cambio y promesa cumplida. Lo único que no llegaremos a saber es quien “tuvo la capacidad de desaparecer los cuerpos de tantos jóvenes si rastro” ni quienes fueron los autores materiales intelectuales.

jfranco_jimenez@hotmail.com