Renovación de gobierno nacional. el proyecto de nacion

  • Jorge E. Franco Jiménez

Las piezas de la política nacional se empiezan a acomodar en las tres tendencias principales que contienden por la Presidencia de la Republica, en el Partido Revolucionario Institucional con José Antonio Meade que ha innovado el discurso político en un instituto del que no es miembro, cuyo contenido es  programático, de seguimiento a un proyecto de nación que se ha venido construyendo desde hace tres o cuatro sexenios en los que ha participado, que alcanzó en este último un alto grado de avance en los aspectos económico, financiero, político y social materializado en el gran número de reformas constitucionales y legales que incentivo el Presidente Peña Nieto. 

La  continuidad de este proyecto, respecto de algunos temas como el de las zonas económicas, educación, la judicializacion de las controversias laborales, lo referente a la homologación de la justicia civil, la reforma educativa y la energética, seguridad pública e interna, entre otras, dependerá de los resultados de la próxima elección de Presidente de la Republica, pues si es electo constitucionalmente Andrés Manuel López Obrador, seguramente dará marcha atrás en algunos de esos rubros sobre los que ya hizo pronunciamientos negativos como el de educación o energía.

Los pronunciamientos, de López Obrador, mediáticamente han sido cuestionados en diversos medios, sobre todo por los políticos, que lo tildan de ser un individuo desajustado mentalmente, sin embargo su discurso no ha cambiado y ello permite hacer un símil con la campaña presidencial de Donald Trump que fue y sigue siendo calificado de loco y desquiciado, pero que ganó contra pronósticos en contrario, resultado que confirma que a los ciudadanos americanos, mayoritariamente los convenció el discurso que orientó su decisión; algo similar puede ocurrir en esta lucha que seguramente se intensificará una vez que el frente tengan candidato. 

El contraste entre los contendientes impulsados por los partidos me parece que México afronta dos proyectos de nación, el que propala López Obrador con el que incentiva  José Antonio Meade, así como el que determine el Frente, aun cuando los dos últimos tengan algunas diferencias, coinciden en lo general, destacando las menciones sobre la corrupción y el tema de inseguridad que les es común, excluyendo la ley de seguridad interior que, personajes del frente, consideran inconstitucional.

Por tanto, es relevante que en este proceso el voto ciudadano, congruente a las propuestas que hasta ahora se han venido adelantando por las tendencias que ya cuentan con candidato, valore su contenido ya que las políticas públicas que se ofertan presentan enfoques diferentes. Una implica regresión en parte de las reformas en proceso de culminación que incluye las estructurales; la otra la consolidación de las implementadas, ambas coinciden en el combate a la corrupción, la transparencia y manejo honesto de los dineros públicos. 

Será interesante confrontar lo delineado en términos generales de los dos candidatos ya conocidos con el que resulte del procedimiento que señale el acuerdo del frente integrado hasta hoy por el Partido de la Revolución Democrática, el de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que fije las reglas para elegirlo,  con la expectativa de que no haya conflicto, respecto la persona que se debate entre Mancera y Anaya, como candidato común con el plan de nación  que tengan para gobernar, en beneficio del pueblo de México, lo que añadiría con diferencias, un nuevo ingrediente a apreciar por el elector. 

Un asunto relevante es la seguridad pública e interna que ahora transita en la ruta de la incorporación de las fuerzas armadas en labores de investigación criminal ante la incapacidad del estado para mantener, dentro del diseño constitucional vigente. Se requiere de un sistema de seguridad pública que garantice de manera eficaz y eficiente a los habitantes de la República, que inhiba el incremento incontrolable que ha tenido en los últimos tiempos los asesinatos de mujeres, o los múltiples de hombres mujeres e incluso menores, de ejecutados que son encontrados en fosas clandestinas, secuestros, muerte de periodistas, es un rubro prioritario que posibilite alcanzar el objetivo de otorgar al pueblo su desarrollo armónico y en paz.

Para que el estado en sus tres niveles garantice tutele y proteja al individuo como tal y en lo colectivo, condiciones de seguridad ajustados a un estándar que le permita vivir una vida digna en armonía, sin riesgos mayores a su patrimonio y persona se demanda, en mi opinión, de una política pública que reestructure  los servicios que se integran a esta actividad del estado como son la procuración y administración de justicia, policías, penitenciarias, rehabilitación o reinserción  social, con una visión sustentada en el derecho a la igualdad de trato frente a la ley. 

Parto de una premisa negativa en la que afirmo que en México el Gobierno entendido como Federación, Estado y Municipios no otorgan al pueblo seguridad publica e interna de manera igualitaria, es decir no ha instituido un sistema de trato igual frente a la ley para todas las personas en todo su territorio. ¿porqué? La respuesta que doy es que la procuración y administración de justicia, policías y Penitenciarias, programas de reinserción social, presentan diferencias profundas en el orden cualitativo y cuantitativo que se dan primero entre el orden federal, con el de los estados y de estos entre sí; en los municipios se refleja este fenómeno. 

Las diferencias en el aspecto cualitativo se dan en la calidad de los servicios en los tres niveles. Por ejemplo la calidad de los jueces federales tiene un alto rango frente a los de los estados; aun dentro de lo federal resalta la especialización de los jueces federales del Distrito Federal, Jalisco, o Nuevo león, con los de otras entidades aun del mismo orden; estos evidencia, que la justicia al ser de diferente en lo cualitativo tenga como consecuencia un trato desigual para los peticionarios: la capacidad financiera y tecnológica de la Suprema Corte y sus tribunales comparada con las de los Estados no tiene comparación, esto implica que los impartidores de justicia aun desarrollando una misma actividad no tienen percepciones iguales, hay desigualdad de trato que se irradia a la efectividad de la justicia, este es un aspecto cuantitativo que afecta el derecho a la igualdad de trato y de justicia ante la ley. 

En una próxima colaboración abordare otros de la seguridad que, a mi juicio, implican una transgresión al derecho humano de igualdad de trato ante la ley y delinearé una propuesta que considero puede impulsar la supresión de estas objetivas discrepancias de trato.

 jfranco_jimenez@hotmail.com