En los últimos días, la sociedad mexicana le ha sacado el cinturón una vez más al gobierno federal mexicano y le ha reclamado que haya incurrido en un hecho ilegal y democráticamente reprochable: el espionaje de activistas de derechos humanos y periodistas. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dado una respuesta aparentemente ingenua: ¡yo también me siento espiado!

No es la primera vez que nuestros gobernantes se escudan bajo el discurso de ingenuidad. En 2003, el presidente Vicente Fox, respondió, a un cuestionamiento de Canal 40 por un conflicto que tenía con otra televisora, algo muy peculiar: y yo, ¿porqué?;

Sea como fuere la realidad es que el cuestionamiento al Gobierno Federal no es un asunto menor. Es la violación al derecho a la intimidad. Derecho que ya ha sido definido en la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos de Masacres de Ituango vs. Colombia y Tristán Donoso vs Panamá. Por ello, de resultar cierto que --con la adquisición del software conocido como Pegasus-- se inició una campaña de espionaje “personalizada” en contra de defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas, el Estado tendría que enfrentar sus responsabilidades. Y no valdría el argumento de la ingenuidad.

Desde luego, no se pasa por alto que la respuesta “aparentemente” ingenua de ¡yo también me siento espiado! Sea verdadera. Hay que reconocer que el problema existe. Pero si ya de por si resulta reprochable que los particulares nos espiemos entre nosotros, es dramático que el Estado lo haga para con sus ciudadanos. La respuesta no justifica el problema; al contrario, expone que la situación ya es insostenible. Indudablemente, el suceso “Pegasus” solo demostró que la sociedad mexicana dormía sobre un volcán. Sobre el espionaje no hay cifras oficiales, pero sí existen observadores internacionales que han llamado la atención sobre este tema. Por ejemplo, en Tendencias de seguridad cibernética en América latina y el Caribe publicado por la Organización de los Estados Americanos ha reconocido que tan solo en México se han gastado más de tres mil millones de dólares por costo de delitos cibernéticos dedicados al espionaje. El propio documento asegura que fue México el primer país en el que se utilizó un virus que robaba información de las tarjetas de crédito (Backdoor.Plotus) y de ahí se expandió para todo el mundo. Aún más: de acuerdo al informe del Observatorio de Delitos informáticos en Latinoamérica, la sociedad mexicana espía. Espían los particulares a otros particulares; las instituciones a los particulares y viceversa. Países extranjeros a México y México a Países extranjeros. Cierto, México en los últimos años se ha convertido en un país de espías y espiados. Sin embargo, El Gobierno mexicano olvida que es su responsabilidad proteger a la ciudadanía y no invocar, como lo hizo, el hecho de que él también se sienta espiado. Eso no justifica el problema, solo prueba que sus acciones han sido insuficientes para solucionarlo. Ante este escenario, hay una doble estrategia para solucionarlo. Por un lado, en caso de comprobarse el delito “Pegasus”, no dejar impune el delito. Por otro lado, debe darse el paso de crear una cultura de respeto al derecho a la intimidad entre la sociedad mexicana.

 
* Especialista en derechos humanos. @rodolfomoreno_o; es licenciado en derecho y cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido asesor de políticas públicas en gobiernos municipales y legislaturas estatales. Cuenta con obra publicada en materia de derechos humanos y argumentación jurídica.