Días agitados para la administración pública centralizada del Gobernador Alejandro Murat que enfrenta los problemas del consorcio que celebró para gobernar el Estado de Oaxaca después de la conquista del poder  través de una  exitosa campaña que, con holgura lo llevó al poder, en los que afloran los aspectos negativos que asignan a algunos de sus colaboradores que revelan lo que es la realidad que tienen la influencia de los intereses que se desplegaron  para integrar su gabinete y los compromisos previos que, con el tiempo llegan a su fin, e imponen la renuncia, el cese o la separación del cargo del inicialmente favorecido o la sustitución anticipada de los que fueron designados por un plazo determinado, como está ocurriendo con la fiscalía general.   

Dicen que en política el fondo es forma o a la inversa. Lo cierto que en este contexto se dan situaciones que se justifican desde el punto de vista de la legislación  que rige la estructura del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca tanto en el aspecto constitucional como legal que facultan al titular a remover libremente a los de las dependencias (secretarias), como ocurrió con el Secretario General de Gobierno y otros que están en la mira por considerarse que no satisfacen los estándares de eficacia que tiene como objetivo la administración, o que no se ajusta a los intereses económicos (negocios)de alguien con el poder suficiente para decidir. 

Los motivos o causas que originan estos movimientos son diversos. En unos casos porque el inicialmente agraciado es parte de un compromiso temporal como instrumento para llegar al poder, satisfecho el objetivo se da por agotado. Me parece que lo publicado respecto del Ex Secretario Avilés, era una remoción avisada ya que desde el inicio de sus funciones así se advirtió con la creación de un órgano paralelo que le resto facultades en cuanto a los delegados regionales; en paralelo en algunos diarios de conocida influencia política, se desplegaron una serie de imputaciones sobre la venta de cargos de elección y finalmente la celada del helicóptero cerro la estrategia con  éxito ya que ante la opinión pública se  explica la medida. 

Se avecinan otras eliminaciones y acomodos, en la fiscalía se anuncia que estará un encargado que ya fungió como subprocurador durante el gobierno de Gabino Cue y que hoy llega no se sabe si en definitiva o transitoriamente bajo el manto que lo cubrió en el gobierno pasado. Lo saludable sería mantener al titular Joaquín Carrillo en el cargo por el plazo legal para el que fue electo sobre la base de que ya conoce la problemática de la procuración de justicia que se supone es una actividad que opera bajo el principio de la autonomía, ello propiciaría que, con tiempo se preparara al sucesor mediante un análisis previo y responsable, al menos en los formal, de parte de la Cámara de Diputados. Esa decisión sería muestra de respeto a la ley y a la voluntad del Órgano Legislativo que lo eligió. 

La forma para impulsar eliminaciones, en este corto plazo de gobierno, en la gran mayoría sin causa fundada, responde al acomodo de los intereses de los que detentan el poder, tanto desde la estructura oficial como de facto, es decir que, sin formar parte de ella, provocan los motivos por medio de notas periodísticas o en las redes sociales para que el titular del Poder Ejecutivo tome la decisión de prescindir de algún colaborador. Los factores externos que quebrantan lo institucional son los más peligrosos pues crean una administración que orienta su quehacer público en beneficio de intereses cupulares, económicos o políticos de quien los pone, sobre todo en tiempos electorales.

La demagogia prevalece y trasciende en la orientación que los gobernadores imprimen a sus propuestas de reforma para garantizar transparencia, honestidad, uso racional de los recursos, no abuso del poder sobre todo de los ejecutivos. Así Gabino Cue para justificar su sentido democrático promovió que los titulares de las dependencia accedieran al cargo previa ratificación por parte del congreso y el requisito del título profesional, cuya aplicación mostró rápidamente sus defectos, como fueron los documentos falsos de algún servidor público y como joya de la corona, el previo arreglo con los diputados para poner o quitar, discrecionalmente a sus colaboradores; los resultados están a la vista con algunos de sus ex empleados sujetos a investigación penal.

 El Gobierno actual propició un cambio legislativo para retornar al estilo tradicional identificado con el entorno del Ejecutivo, nombrar libremente como colaboradores a gente de su confianza o de compromiso y removerlos, lo que no excluye que esos titulares satisfagan ciertos estándares de profesionalismo y conocimiento en el ramo en el que van a prestar sus servicios, regulación que se ha aplicado de manera poco clara dados los mensajes mediáticos que desacreditan a miembros del gabinete y se empiezan a dar las bajas disfrazadas de renuncia a la que se acompaña del agradecimiento por sus valiosos servicios. Sin embargo, se mantiene a otros que carecen de experiencia en administración pública, con el agravante que no conocen el tema de la dependencia que se les entrega.

Hasta ahora no ha producido una respuesta sobre el tema del ex Secretario Avilés que se asegura presentó su renuncia, misma que no sido publicada, ni comunicado su aceptación lo que afirman se debe a que se está realizado la investigación de la falta que se le imputó, sin embargo se pregona la llegada de Celestino Alonso o Anuar Mafud a ese cargo; tampoco se ha dado a conocer quién filtró el dato del helicóptero y de los pasajeros, lo que hace suponer la mano intencionada de alguien que intervino en el proceso de autorización del uso de la nave. 

Es oportuno recordar que un exgobernador decía a los miembros de su gabinete, no se la crean de verdad, ustedes son mis empleados; otro aseguraba ser el Diputado mayor de la Cámara de Diputados y Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, tres cargos en una sola persona. Esta es la forma y fondo de gobernar en nuestro Estado mediante un eficaz sistema de usos y costumbres que es necesario erradicar por ser contrario a la División de Poderes que establece la Constitución. 

Como quiera que sea ni la legislación y sus reformas, ni la transparencia, la facultad discrecional o acotada del ejecutivo del Estado, garantizan la eficiente y honesta actuación de los servidores públicos en la administración centralizada, por el contrario, es un disfraz que cubre y deforma la visión del pueblo de lo que es la realidad del ejercicio del poder. Aún es tiempo de que el Gobernador oriente las riendas de su política de administración a fin de que se produzcan los resultados que de él se esperan y cambie la óptica negativa que se tiene mediante actos concretos de pleno respeto al orden jurídico vigente y de identificación con el pueblo de Oaxaca que le deposito temporalmente su confianza.

 Jfranco_jimé[email protected]