Reforma constitucional anticorrupción

  • Jorge E. Franco Jiménez

El esfuerzo del Gobierno Federal para contrarrestar los hechos generalizados que impactaron la imagen y las políticas públicas del Presidente Peña y se expandieron a los gobernadores de las entidades, presidentes municipales y servidores públicos de primer nivel, que parece siguen en expansión, ante la aproximación de los procesos de elección que han fracturado la cohesión  de los grupos políticos, dentro de los partidos, aun en el Revolucionario Institucional, se hace presente, como en el pasado, con una serie de medidas de orden constitucional y otras en el orden administrativo.

La experiencia ha marcado a México en el que la corrupción opera a pesar de los mecanismos jurídicos y administrativos implementado a lo largo de su vida institucional que, sin embargo, ha persistido e incluso agravado este fenómeno, con la reproducción en las entidades y municipios, ante el incremento de los presupuestos derivados del trabajo de lo mexicanos mediante el pago de sus múltiples y complicados impuestos, así como del petróleo que teóricamente es propiedad del pueblo; los instrumentos legales han sido útiles para fines políticos o como muestra de poder a los que no se saltan las reglas de la jerarquía política y burocrática.

La percepción ciudadana y las estadísticas internacionales siguen mostrando un paísen el que la observancia de la ley es motivo de evasión creciente, en todos los órdenes, resaltando el asuntode los negocios que se realizan usando el cargo que confiere el pueblo a los gobernantes, para su beneficio personal, familiar y cupular.

El Gobierno de la República, para contrarrestar la imagen depaís corrupto, ha implementado una serie de medidas encaminadas a deshacer esa percepción negativa, entre las que han destacado, los medios de comunicación, el nombramiento Virgilio Andrade Martínez, como Titular de la Secretaría de la Función Pública quien se comprometió, continuar el trabajo por un gobierno eficaz, apegado a la legalidad y transparente; y como sustento adicional que el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y sancionar la inmoralidad social y la corrupción, pues ésta afecta los derechos de otros, de la sociedad, de los intereses nacionales.

Ese marco referencial actual, reproduce las políticas que se han implementado por un largo tiempo en el país, magnificadas por los presidentes y gobernadores, aduciendo la  necesidad de dignificar el servicio público y la ética de los ostentan los cargos, denominados servidores públicos, lo que lleva a rememorar al ex Presidente Miguel de la Madrid, con el lema de la renovación nacional, que buscaba satisfacer a un pueblo que exigía con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social.

En el año de 1982 el entonces Presidente Miguel de la Madrid, presentó una iniciativa de reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo, aseguró de introducir transformaciones que ampliaran los alcances de dicho precepto e hicieran expresos los valores tutelados por la Carta Magna y los criterios que delimitaran el destino de los recursos económicos del Estado, para compras, contrataciones y enajenaciones del Gobierno federal, a fin de garantizar los beneficios que lleva consigo la actividad de la administración.

Se señaló, que ésta renovada dimensión tenía los propósitos de prevenir y sancionar con efectividad la corrupción, con bases sólidas en el orden jurídico que habían sido desbordadas por la realidad. La corrupción la consideró como un elemento de connotación económica equiparable al uso o abuso de una posición o autoridad para el beneficio personal directo o indirecto, financiero o no, o traducido en la obtención de concesiones en las relaciones y operaciones con el gobierno para sacar provecho; también comprende la desviación de recursos del erario público por el incumplimiento de las decisiones contenidas en una ley; sus manifestaciones han adquirido variadas formas de realizarse.

Hoy se ha iniciado un proceso de reforma constitucional, con su aprobación por la Cámara de Diputados del Congreso. Los objetivos son los mismos de hace años, con los resultados que hoy a treinta y dos años de la renovación nacional y moral de la sociedad, subsistiendo y mejorados los procedimientos para llevar a cabo actos elusivos de la ley y mantener un oculto campo de la corrupción, los beneficios derivados de los negocios públicos y del conflicto de intereses.

Para confirmar la administración pública únicamente ha cambiado de personajes en su manejo, pero no en la práctica anómala de la ilegalidad, me remito a algunos de los motivos que se expresan en esta última iniciativa de reforma constitucional que reconoce que la situación persiste, a pesar de las medidas jurídicas realizadas,  que no se han podido erradicar; dicen las propuestas:“…la exposición de motivos contenida en la iniciativa, el combate a la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, entre otros aspectos. Propone el desarrollo de un sistema de rendición de cuentas “horizontal” en el que el poder se disperse, no exista un monopolio legal de ninguna institución y cada una de éstas sea individualmente responsable….crear un Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, que se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. El Consejo estará conformado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Presidentes de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.” La presencia oficial es relevante, por lo que es de pronosticarse que el vigilado es el vigilante y dentro de unos años, necesitaremos una nueva reforma constitucional para remediarlos males de la corrupción que crece en paralelo a las medidas correctivas que se implanten, lo que demuestra que el remedio no es complicar el laberinto jurídico sino una renovación personal de la moralidad de los que se convierten en servidores públicos,

En Oaxaca, persiste la misma imagen de un Estado de gobiernos corruptos, respecto a los últimos dieciséis años incontenible y mejorado y se propusieron, al inicio del último una serie de reformas que, poco han remediado ese esquema, como son las relacionadas con la transparencia, la consulta, a la ley de responsabilidades, la facultades de la Contraloría, la auditoria superior del estado, y la creación de un Tribunal de Cuentas, que hicieron crecer el gasto y la burocracia, con la circunstancia que aprobada la reforma constitucional nacional antes relacionada ésta se hará cargo del “control”, "vigilancia", y "prevención" del manejo de los fondos públicos de todas la autoridades en los tres niveles de gobierno, estos órganos, dejarán de tener razón de seguir funcionando.

                                                                                                jfranco_jimenez@hotmail.com