La corrupción. seguridad pública poder y politica en crisis

  • Jorge E. Franco Jiménez

La seguridad pública en nuestro país se encuentra en un periodo de crisis, producto de la interminable operación iniciada, desde el sexenio del Presidente Felipe Calderón, en contra del crimen organizado en Michoacán no ha logrado su  objetivo de garantizar la paz y seguridad, contaminando Estado de Guerrero y parte del Estado de México, con muestras de riesgo para el Distrito Federal, crisis que pone a prueba la estrategia diseñada por el Sistema de Seguridad Nacional ante una opinión pública que la califica de ineficaz ante las acciones de los grupos crimínales y de los movimientos de inconformidad que exceden el marco de los derechos humanos de expresarse y manifestarse, al ser evidencia de que algo está fallando en la estructura nacional que tiene a su cargo el combate de esos eventos.

Los sucesos del Estado de Guerrero, Michoacán, la desaparición de cuarenta y tres normalistas, aparición de fosas clandestinas, la muerte de un joven en Guadalajara, a quien se afirma detuvo la policía, la masacre de personas sometidas por parte del ejército, la problemática del Instituto Politécnico Nacional, y la del magisterio que subyace en esta conflictiva situación, en su conjunto, motivaron manifestaciones de inconformidad general en México y en otros países, constituyendo elementos que  exponen una descomposición en la integración del aparato público en sus tres niveles, que está dañando la gobernabilidad, legitimidad y eficacia de un Estado democrático de derecho, como constitucionalmente está estructurada la República Mexicana

En lo político, este contexto, tuvo como consecuencia que dos gobernadores abandonaran el cargo, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y Fausto Vallejo en Michoacán, teniendo como factor común, la corrupción de integrantes de municipios, policía, familiares y funcionarios de primer nivel  que fueron cooptados por las organizaciones criminales. La separación se justifica bajo la premisa de que la investigación no se entorpezca y sea transparente e imparcial, la que se ha tornado compleja, por la serie de intereses que se conjugan en estos movimientos, de naturaleza política, económica y de poder, que obstaculizan conocer el fondo real de esta problemática.

Lo acaecido en ambos estados motivó, el pronunciamiento de la Cámara de Senadores, la amenaza de la desaparición de poderes y, ante ello, la separación del cargo de los titulares de los poderes ejecutivos, por afectar la imagen y posibilidades electorales de los Institutos Políticos a los que pertenecen, uno del Revolucionario Institucional, otro del de la Revolución Democrática, lo que pone a la vista un empate político para esos partidos. En los dos casos la licencia tiende, según aseguran los comunicados, a evitar mayores daños electorales para las fuerzas que impulsaron sus candidaturas, sin embargo un balance inicial muestra que los cartones favorecen al Revolucionario Institucional, porque en Michoacán conserva el poder, y en Guerrero se amplían sus pasibilidades para recuperarlo.

No obstante las medidas decretadas, el ambiente esta enrarecido,  parece no tener una solución a corto pues el asunto de los normalistas desaparecidos se complicó al repercutir del entorno nacional al de comunidad internacional incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, que se han pronunciado, mostrando su preocupación y pidiendo se aceleren las investigaciones sobre esos asuntos y de las fosas clandestinas localizadas.

Lo alarmante es que estos hechos se dan en una época en que México transita en una etapa, por lo menos formal, de un renovado esquema constitucional en lo que toca a los derechos humanos, con una visión internacional que, sin embargo, los acontecimientos nos sitúa en el pasado de abusos y excesos de las policías, secretas, federal de seguridad, fuerzas de seguridad, policía judicial federal, tomando en consideración que las medidas legislativas implementadas para garantizar, tutelar y proteger esos derechos, no se materializan en la realidad y exhiben ante el ciudadano que los organismos de derechos humanos, recomendaciones y aun los tribunales y autoridades en general, no tienen las herramientas para cumplir eficazmente su misión.

En ese esquema es previsible que la estructura institucional, en su composición humana, no está funcionando en congruencia con el sentido constitucional de un Estado Democrático, porque no existe una gobernabilidad plena, legítima y eficaz, que son las características que regula la carta fundamental. Se entiende por gobernabilidad en su sentido literal, la calidad, estado o propiedad de ser gobernable que, a su vez nos lleva a que gobernable es la capacidad de ser gobernado, lo contrario, lleva a la incapacidad de serlo.

En esa secuencia la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia del pueblo. Dentro de esa definición se encuentran dos variables, la eficacia y la legitimidad, la primera comprende el cumplimiento de los objetivos del gobierno, y la segunda, se estima como la aceptación de los ciudadanos de la dominación del gobierno. Se adiciona en estos conceptos que la gobernabilidad de una democracia depende de la relación entre la autoridad de las instituciones de gobierno y la fuerza de las instituciones de oposición y se caracteriza por ser responsabilidad compartida entre todos, ciñendo a la, propia sociedad y sus diversos componentes.

Como podemos apreciar, el Estado Mexicano y nuestra entidad, Oaxaca, se encuentran en un estado de crisis democrática, en su gobernabilidad, legitimidad y eficacia, si se toma en cuenta que la serie de casos relacionados, con la afectación de los derechos de la población, de la vida de estudiantes y ciudadanos, por las fuerzas de poder factico  o públicas en algunos casos que se han dado a conocer y en otras, relacionadas con organizaciones criminales, se lesiona la seguridad y la paz pública, y constituyen  pruebas objetivas de violación grave de los derechos humanos que está, adquiriendo la cualidad de generalizadas, sin que estén siendo investigadas de manera integral, por algún organismo.

Es necesario, estimo que el Estado Mexicano, sus poderes, las entidades, la sociedad en general, partidos y asociaciones, hagamos pronunciamientos proponiendo, acciones que den sentido y contenido a la gobernabilidad, legitimidad y eficacia en Estado de Derecho, para disminuir el impacto de las acciones que se vienen dando en contrario que ponen en riesgo la paz y seguridad.

                                                                                                                           jfranco_jimenez@hotmail.com