La crisis en Guerrero y Michoacán sus consecuencias

  • Jorge E. Franco Jiménez

Es compleja la situación de la investigación que realiza el Estado Mexicano, respecto de los hechos ocurridos en el Estado de Guerrero, al ser motivo de atención mundial que,  por el tiempo transcurrido, de la agresión en la que fallecen seis personas y desaparecen cuarenta y tres normalistas, sin que hasta este  momento se hayan dado a conocer evidencias objetivas de las que se colija si fueron privados de la vida, y en su caso, cómo se llevó a cabo, o si aún se encuentran con vida según se afirma; escenario al que se adicionan, la aparición de fosas y cadáveres, aun no identificados, la detención de dos de los principales imputados como autores intelectuales, José Luis Abarca, Presidente Municipal de Iguala con licencia, y su esposa María de los Ángeles Pineda.

La problemática que enfrenta la investigación tiene que ver con el número de las personas que desaparecieron y la falta de huellas de lo que haya ocurrido en ese momento, contexto que abre el espacio de la múltiple interpretación, pues de un primer enfoque se advierte que por la magnitud de los sucesos, no existan huellas o rastros de que les paso a cuarenta y tres jóvenes; el segundo deriva de lo ampliamente difundido por el sacerdote Solalinde, en el sentido de que fueron quemados; la tercera sí están con vida, dónde y quiénes los retienen o lo hacen por propia determinación.

De cualquier manera la magnitud de los hechos, debe ser motivo de una indagatoria especializada que trascienda más allá de la práctica conocida en cuestiones de investigación criminal que dejan insatisfecha a la opinión pública, porque no llegan a ser legitimadas, ante la desconfianza que existe en lo que toca a las policías, principalmente en cuanto a la autoría, tanto material, como intelectual y la forma en que acaecieron, ante las variadas líneas de investigación y apreciación que existen y que empañan, las conclusiones que presenta la autoridad.

Las versiones se sustentan en los antecedentes del ex presidente Municipal de Iguala y su esposa, ligada ésta a una de las organizaciones criminales poderosas de México, que incluye a sus padres y hermanos, así como la lucha de dos grupos derivados de la misma categoría del Estado de Guerrero, en contienda por el control de la plaza y que se afirma motivó que una de ellas, pretendiera boicotear la sesión del DIF municipal, en la que su presidenta, María de los Ángeles Pineda, rendiría su informe, lo que a primera vista, se aprecia un tanto exagerado en cuanto a los resultados atribuidos por esa circunstancia.

La licencia del Gobernador Aguirre, es otro signo en este entramado que muestra como las cuestiones pasionales, económicas y de poder, se mezclan sin límites, enquistándose en los poderes estatales, municipales y de la federación, como se precia en algunas publicaciones en las que se menciona a miembros del ejército y al propio procurador de justicia, como implicados, lo que pudiera acarrear que esos personajes fueran sujetos de la justicia.

De acuerdo a algunos comentaristas, se trata de un crimen de estado, sin que se pueda establecer que le atribuyen tales acciones al ente público como tal, o se le denomine así

por las expresiones de crítica al actuar de los encargados de la investigación de los tres niveles de gobierno, al estar patentizando que no cuentan con las herramientas criminológicas necesarias para enfrentar un evento de esa dimensión, haciendo necesario el auxilio de los expertos argentinos y posiblemente de otras agencias, para que se patentice la legitimidad de los resultados que se hayan obtenido.

Los extremos, en este caso, se dan, porque organismos como amnistía internacional, estiman que lo realizado por la autoridad mexicana, incluyendo la detención de tres personas, no satisface los estándares de protección de los derechos humanos que involucran la presentación con vida de los desaparecidos, exigencia que no se ha cumplido, anticipándose que, mientras más tiempo transcurra sin resultados, se dificultará o hará imposible llegar a conclusiones explícitas para las familias afectadas, la opinión pública nacional e internacional.

Este ambiente ha desequilibrado la imagen del gobierno del Presidente Peña Nieto que, lo obliga a oxigenarlo presentando resultados legítimos, convincentes y no solo soportados en la palabra de sus colaboradores para mediatizar lo que la realidad desmiente, exaltando una aprehensión que solo es el hilo de una hebra muy larga, de diversos colores que, por el momento se pinta de amarillo, pero que en paralelo está perturbando la imagen del Revolucionario Institucional, como partido en el gobierno, por los efectos  desestabilizadores que han emanado de esos hechos al interior del país y la impresión negativa que  causan al exterior.

Me parece que aún falta un buen tramo que investigar y saber en lo que toca a estas contingencias que, como toda situación de crisis, obliga a las instituciones a mejorar el sistema de investigación criminal del aparato público, para debilitar de manera eficaz y eficiente toda esa estructura delictiva que ha venido operando en la República que, al amparo del esquema de la complicidad oficial se convirtió en un poder fáctico.

La crítica constructiva relacionada con estas experiencias, ayuda al país, la que se hace en contrario, lo daña y colabora con los factores que buscan aprovechar estos momentos difíciles, para avanzar e incrementar la intensidad de la violencia, y disminuir la capacidad del estado de garantizar la seguridad y paz de los mexicanos; el gobierno en estos momentos, debe sincerarse con su pueblo para que este le restituya la confianza, y se justifique con este vínculo, a las Instituciones Públicas de los Estados Unidos Mexicanos.

En un Estado cuyas instituciones no se fortalecen para enfrentar las anomalías sociales graves, puede desembocar en  el ejercicio descontrolado del poder y la violación de los derechos humanos de la población.

Jfranco_jiménez@hotmail.com