Una semana difícil para Oaxaca, encapsulada en un complejo entramado de conflictos con repercusión social, que producen afectaciones diversas para la población en general, comercios, hoteles, trabajadores, transeúntes e imagen que, a pesar de los comunicados oficiales, emerge como una realidad insoslayable, en los que se enlazan, el asunto del magisterio, normalistas, transportistas, comunidades, organizaciones y ahora la policía estatal, cuya tropa, se ha sumado a ese conjunto de protestas, dando razones que justifican sus acciones. El tema en general, tiene como elemento común, el factor político del proceso de selección de candidatos a diversos puestos de elección popular, principalmente en lo que tiene que ver, con la de gobernador.

El movimiento de los policías estatales, parece no disminuir, a pesar del apercibimiento que ha hecho el Secretario de Seguridad Pública y el propio Gobernador y de la estrategia relacionada con la suscripción de las cartas de lealtad al mando superior, porque ahora los inconformes, están recibiendo el apoyo de miembros de esta legislatura y, seguramente, de otros grupos de presión que han propiciado este clima de permanente protesta, para obstaculizar la actividad gubernamental. El Gobierno, por su parte, se mantiene en el contexto de la justificación oficial, misma que, frente a los hechos, ha ido perdiendo credibilidad y legitimidad.

La inaudita conducta desplegada por el magisterio el día quince de este mes, al desocupar el centro histórico, a fin de que el titular del ejecutivo, cumpliera con la ceremonia protocolaria que simboliza el inicio de la independencia de México, induce a pensar que esta gracia, forma parte de los compromisos políticos de la coalición que llegó al poder y que, ahora, en reciprocidad, colabora para presionar al Gobierno Federal y por el otro facilita que no se dificulten los actos del Gobernador, como acaba de suceder; en contraste, éste no presenció el desfile del día siguiente, por las acciones de los policías inconformes.

La opinión pública, con vista en estos acontecimientos, está dividida, entre quienes cuestionan a los autores del desorden social y quienes lo justifican, ambas corrientes coinciden de una u otra forma, en criticar la pasividad y trato desigual que la autoridad da a los beligerantes. De acuerdo al poder de presión de los grupos, aprieta o afloja, como se aprecia ahora; a la policía se le conmina y amenaza, con las sanciones administrativas y laborales, para el caso de no cesar su movimiento en un plazo determinado; al magisterio se le paga por mantener su protesta y suspenda sus labores, se dialoga con ellos en mesas de trabajo; al magisterio se le invita, no se le conmina, ni amenaza con el despido.

La comparación del trato diferenciado, es apreciado de manera objetiva por el ciudadano común y lo señala en la radio cuando opina sobre ello, lo cual es explicable porque en ambos casos, se trata de agrupaciones que prestan un servicio público, los policías el de seguridad y los maestros el de impartir educación; se trata de servidores públicos al servicio del estado, los recursos con los que se les paga, provienen en parte de la federación, con las acciones de protesta y suspensión de actividades, incurren en una responsabilidad administrativa laboral que debe tener como consecuencia, la imposición de las sanciones correspondientes y cuando constituyan ataques a la paz pública, la integridad física o patrimonial, las de naturaleza penal.

Estos desordenes institucionales, son el reflejo de un Estado que no se ubica en lo que se denomina de derecho. Cuando se adopta ese formato en las constituciones, debe ser congruente con su aplicación y observancia, por gobernantes y gobernados; cuando se torna flexible, en exceso, como ha venido sucediendo en Oaxaca desde hace varios años, deja de ser un estado de leyes en la práctica, pues éstas teniendo como nota distintiva, el ser generales y abstractas, que quiere decir, para todos sin distinción, ha perdido esa característica en estos casos, en que por razones de poder, se aplica de manera selectiva.

La deformación del Estado de Derecho, puede ser atribuida a causas diversas, como la pobreza, la falta de empleos, salarios no dignos y suficientes, corrupción en el manejo de los presupuestos destinados a optimizar esas servicios, pero en nuestro Estado la afectación ha tenido, como las epidemias, el factor político que ha sido la esencia de estos males en gran parte, al utilizarse, por las tendencias políticas y líderes, en la búsqueda del poder, mediante asociaciones que esconden esos oscuros pactos de la complicidad compartida.

Los reproches a la autoridad por ese trato diferenciado, contrastan con los mensajes de legalidad, cuando los hechos demuestran una contradicción objetiva. Esto es comprensible si se toma en cuenta que el Estado Mexicano, transita en la era de los derechos humanos, en esa renovada concepción constitucional, por los cuales todas autoridades están obligadas a protegerlos y garantizarlos, en una amplia extensión que solo admite limitaciones, cuando estas se contemplan en la propia Constitución.

Específicamente, existe un derecho fundamental, el de la igualdad ante la ley. La extensión interpretativa comprende diversos enfoques, pero en relación a los incidentes relacionados con la policía y el magisterio, en cuanto al trato desigual, me parece que el contenido de ese derecho, puede entenderse, con la visión que se plasmó en el punto trece de los Sentimientos de la Nación, en el que Don José María Morelos y Pavón, sugirió: “Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados...” En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en Apatzingán, en 1814, se decía: “La Ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común”.

Los contenidos son claros, no admiten diferencias de trato frente a ello, para sectores o grupos de poder privilegiados, como se ha hecho en Oaxaca, al amparo de justificaciones diversas, en gran parte políticas, en lo que toca a la motivación de esos trastornos. Los elementos de seguridad, tienen la guillotina en la propia Constitución que dispone que no tienen la garantía de pedir su reinstalación cuando son separados del cargo, sino en todo caso a una indemnización, carecen de un sistema efectivo y suficiente de orden social, sus prestaciones económicas, no son  adecuadas al riesgo de la actividad, resalta ahora la falta pago de viáticos, de gasolina, uniformes, botas entre otros, lo cual es cierto.

Lo contrastante con el magisterio, es que las prestaciones son mayores a las de los policías; cuentan con una doble garantía respecto a la seguridad en la permanencia en el trabajo y a la reinstalación para el caso de despido injustificado y, la otra que proviene de que, al ser un grupo privilegiado por el poder público, como consecuencia del que ejercen por sí, para no ser separados cuando no asisten a laborar, aun cuando afecten el derecho superior de la niñez, a una educación de calidad.

El Estado debe ser congruente y encauzar la ruta de la solución del problema de la Policía Estatal, en la concertación y el diálogo, como primeros pasos; de seguir actuando en contrario, evidenciaría un trato desigual para iguales, que es contrario a la práctica pregonada de respeto a la legalidad e igualdad.   
 

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