Complejo se presenta el escenario político electoral en nuestro país, mismo que  trasciende al estado de Oaxaca, en donde los intereses de los grupos de poder han iniciado una campaña real o imaginaria que está creando inquietudes al interior de los partidos contendientes y sus frentes o coaliciones como se aprecia en los mensajes difundidos que revelan preocupación respecto de personajes que de alguna manera son actores preponderantes en el ejercicio del poder político en la entidad y buscan inhibir su participación real o imaginaria 

Recurren a un pasado en el que fueron copartícipes de los hechos ocurridos en el año de 2006 sobre todo en áreas de seguridad que fueron señalados como efectivos responsables de operativo desplegado para desalojar el centro de la ciudad ordenada en una averiguación previa vinculada en su parte de ejecución a la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz apoyado por la cámara de diputados. 

En ese momento, recuerdo, se preguntó al encargado del operativo sobre la estrategia a seguir y su respuesta fue tajante dijo en aquel entonces “yo soy militar y obedezco la orden de mi jefe el Gobernador y llevaré a cabo el operativo; tiempo después durante la investigación que hizo la Suprema Corte, los magistrados comisionados que interrogaron a los protagonistas, vieron a un militar llorar cuando le preguntaron porque había salido huyendo y su respuesta fue “me hubieran matado” los manifestantes al recuperar su bastión. 

Todo ello está grabado y puede ser consultado motivo en el archivo de la Corte ahora que han transcurrido diez años de los hechos investigados. Es conveniente recordar algunos hechos que fueron constatados en la investigación como la intervención de quienes después arribaron al gobierno del estado apoyando abiertamente al candidato a gobernador que sucedería a Ulises Ruiz; después lo abandonaron y ahora determinaron castigar a algunos funcionarios de la administración anterior que no son del agrado de los que ejercen el poder en las sombras. 

En la investigación oficial destacan los siguientes datos que deben refrescarse para que la opinión pública pondere la difusión de los textos mediáticos sobre esos hechos, los del 2006, en congruencia a que Ulises Ruíz Ortiz, como titular del poder ejecutivo reconoció expresamente que él tomó la decisión para que la policía ejecutara el mandato de desalojo del centro historico, como lo declaró a los medios y así consta en el expediente de la Suprema Corte. 

En la decisión y propuesta del resultado de la investigación se fijaron diversas responsabilidades a las autoridades locales, se hacen recomendaciones en el orden de seguridad y se determina que los hechos fueron inducidos por los intereses políticos locales y nacionales que en ese momento coincidieron en objetivos comunes, como lo era provocar la separación del cargo de Gobernador de Ulises Ruíz Ortiz y tomar las riendas del poder en Oaxaca el que han alcanzado y mantienen los más sagaces en trapacerías políticas moviendo sus piezas y fondos oportunamente, aunque no lograron su primer objetivo, la remoción del gobernador. 

Al final citaré los puntos relacionados con las observaciones que hace la Suprema Corte en su resolución, previamente reproduzco algunos elementos interesantes de la investigación que permitirán al lector reflexionar lo que ha cambiado o no en Oaxaca y sus causas, como esta “Es así como puede válidamente afirmarse que dicho conflicto social no surgió súbitamente, pues es producto de políticas implementadas sin éxito a lo largo de los años que no han logrado mejorar la vida de los Oaxaqueños”. Este dato revela que las cosas se han mantenido igual desde gobiernos anteriores al del 2006. 

Para determinar la cronología del operativo, en la investigación se cita que un agente del Ministerio Público integró la averiguación previa relativa por los delitos de ataques a las vías de comunicación y otros, cometidos en agravio de la sociedad y del patrimonio cultural de la ciudad de Oaxaca y emitió un acuerdo ordenando que se procediera a realizar un operativo para liberar las vialidades ocupadas. Para tal efecto, giró sendos oficios al Director General de Seguridad Pública del Estado y a diversos Notarios Públicos.

Se agrega en la investigación que El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca giró oficios al Secretario de Gobernación y al Secretario de Seguridad Pública Federal, para solicitar el apoyo de las fuerzas federales en el operativo de desocupación de vialidades. El Gobernador del Estado se reunió con representantes de diversos medios de comunicación a las doce o una de la mañana del día siguiente, a quienes les comentó que como a las cuatro o cinco de la mañana se llevaría a cabo un desalojo pacífico del plantón.
 
En lo que toca a las posibles responsabilidades la Corte concluye que el Gobernador es el jefe de las fuerzas de seguridad del estado y como tal debe prever el contar con suficientes elementos de seguridad profesionales para hacer a estos eventos cuestión que no fue ni ha sido satisfecha. En la investigación sobresale que el operativo tuvo errores en la planeación y ejecución al no haberse valorado  adecuadamente la oportunidad en el uso de la fuerza pública  y no se advirtió que los manifestantes superaban en número y fuerza a las corporaciones policíacas que lo llevaron a cabo, que la oportunidad no fue debidamente analizada con motivo de que, según se vio, en la instrucción que giró la titular de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana al Director General de Seguridad Pública se afirmó en forma destacada que el desalojo debía llevarse a cabo siempre y cuando las situaciones de hecho lo permitieran, las que debieron ser debidamente valoradas por el Director. 

Como se podrá apreciar hablar del 2006 sin conocer los datos duros recabados en la investigación de la Suprema Corte, es hacer imputaciones sin fundamento con la única finalidad de denostar sin evidencia para cubrir a los autores reales de ese conflicto.

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