¿De cuánto es la relación entre el gobierno y los medios de comunicación?

  • Joel Salas Suárez
La población se ha indignado más de una vez con la clase política por la forma de gastar el presupuesto público en publicidad oficial. Los grandes montos de recursos públicos que se asignan a la publicidad de las autoridades en ocasiones se utilizan para promover las aspiraciones personales; en otras, para limitar la libertad de prensa. Esto acrecienta la desigualdad y la indignación, porque estos recursos podrían utilizarse para garantizar plenamente el derecho a la salud, a la educación o al agua, por mencionar sólo tres fundamentales, de toda la población de nuestro país.

Hoy en México es necesario cambiar la forma como se ejercen los recurso destinados a la publicidad oficial tanto a nivel federal como local. Diversas investigaciones académicas, periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil han demostrado que el gasto destinado a la publicidad gubernamental no es asignado de forma eficiente y equitativa. En algunos casos, los recursos se asignan de manera desproporcionada y sin transparencia a unos cuantos medios de comunicación. En otros casos, se deja de contratar a los medios cuando no favorecen la reputación de las instituciones públicas aludidas. La democracia que anhelamos construir todos los mexicanos, no puede permitir el uso discrecional de la publicidad oficial por parte de las autoridades para mantener a los medios de comunicación como cómplices o rehenes.

Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los legisladores que participaron en el ejercicio de parlamento abierto del que surgió la Ley General de Transparencia que hoy nos rige sabían que era necesario transparentar la forma en que el gobierno se relaciona con los medios de comunicación. Por esta razón, incluyeron una obligación de transparencia (Artículo 70, fracción XXIII) que mandata a todos los sujetos obligados a publicar de oficio “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”.

Sin embargo, una buena ley no es suficiente para asegurar que se genere información de calidad que se publique y sea utilizada por la población para controlar la forma en que se ejerce el poder por medio del presupuesto en publicidad oficial. Conscientes de lo anterior, los servidores públicos del INAI en alianza con Fundar lanzamos Transparencia en publicidad oficial. Con esta iniciativa, proveemos a los servidores públicos de una herramienta que impulsa hábitos propios de una democracia: publicar información pública para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el dinero que los gobiernos gastan en publicidad oficial en los medios de comunicación.

Uno de los objetivo de Transparencia en publicidad oficial es ayudar a las instituciones públicas de nuestro país a cumplir de la manera más sencilla con esta obligación de transparencia de forma dinámica y clara para la población. Concretamente con los tres formatos que se establecieron en los lineamientos técnicos para cumplir con lo que establece sobre el tema el artículo 70 de la Ley General. Con estos fines, se desarrolló un estándar de datos abiertos en materia de comunicación social y publicidad oficial y la herramienta utiliza software libre y código abierto para ser replicada por cualquier institución pública del país y de cualquier nivel de gobierno que lo desee.

Otro de los objetivos de Transparencia en publicidad oficial es que, por medio de la información pública, la relación financiera entre el Estado y los medios de comunicación sea del conocimiento público y los mexicanos puedan controlarla. Por esta razóndeseamos que Transparencia en publicidad oficial ayude a:

  1. Prevenir que los servidores públicos promocionen su imagen con recursos públicos. La publicidad oficial no puede confundirse con la difusión de personas en particular porque los recursos públicos deben gastarse para beneficio de la población y no de intereses particulares.
  2. Garantizar la libertad de prensa y expresión. Las autoridades no pueden utilizar los recursos públicos para influir en los medios y dictarles de que hablar, que preguntas hacer o que historias no contar.
  3. Combatir la desigualdad en nuestro país. Entre 2013 y 2015, el gobierno federal gastó más de 23 mil 261 millones de pesos. Ese presupuesto equivale a:
  4. Una tercera parte del presupuesto anual que recibe el Seguro Popular.
  5. 4 veces el presupuesto asignado durante un año al componente de salud del Programa Prospera, el programa más importante de combate a la pobreza en nuestro país.
  6. 82 veces el presupuesto asignado durante un año al apoyo a estados para prevenir violencia contra las mujeres
  7. 619 veces el presupuesto asignado durante un año al Programa de Atención a Personas con Discapacidad
  8. 764 veces el presupuesto asignado durante un año a las Estancias infantiles para madres trabajadoras

 

Además, en un contexto de incertidumbre económica y recorte presupuestario, la población debe estar al tanto si su gobierno gasta más de lo planeado. Por ejemplo, el gobierno federal tuvo un gasto adicional de casi 49% en 2013; de 35% en 2014 y de 80.5% en 2015.

Se trata ya de gobernar en democracia a la vista de la ciudadanía y desvanecer la indignación con acciones que demuestren a la población que puede controlar la forma en que la clase política, las autoridades y los servidores públicos ejercemos el poder a través de los recursos públicos. Por estas razones, hoy invitamos a las instituciones del Estado mexicano a que se sumen a esta iniciativa y transparenten los recursos públicos que gastan en publicidad oficial. A la población le pedimos que utilice esta herramienta para controlar la relación de los servidores públicos con los medios de comunicación y les exijan a cada una de sus autoridades implementar Transparencia en publicidad oficial.

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas

 

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Joel Salas Suárez

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI

Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia.

Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20.

Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.