Todo indica que el conflicto socio-político y laboral que encabeza el magisterio de Oaxaca, se ha integrado al calendario de festejos tradicionales de nuestro Estado, dada la trascendencia que ha tenido en los ámbitos regional e internacional, con la incorporación de esas manifestaciones en Michoacán, Guerrero, Chiapas y en el Distrito Federal, y la difusión, promoción que ha tenido con estos actos de amplio el espectro como un ilimitado laboratorio de experimentación, análisis y estudio, por parte de los organismos especializados en Derechos Humanos, su violan de manera generalizada, y de enseñanza de cómo lo manejan las autoridades a través del dialogo y los arreglos ocultos político jurisdiccionales.

Es relevante conocer cómo se va desactivando paulatinamente este asunto mediante entrevistas y acuerdos que, en su gran mayoría, no tienen sustento jurídico, justificándose bajo el supuesto del orden público como esencia de la obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y  de las personas, de hacer respetar y acatar la ley. Esto se presenta como una cuestión contradictoria, pues el Estado y los particulares en lo individual o asociados, deber observar la Constitución y el orden reglamentario, no para negociarlos, pues la consecuencia es la impunidad, como figura de los uso y costumbre que no se aplica igual a todos los que cometen un delito.
 
Estos hechos permiten pensar que el tiempo se está agotando, por lo menos en estos momentos, sin que se resuelva con una negativa de la autoridad respecto de la petición de suspender o suprimir lo reformado sobre educación, pues la evasivas y los foros propuestos solo equivalen a un ya bájenle, adecuadamente aceitado con recursos y prebendas incentivos  a distribuir, entre todos los afectados importantes, sector empresarial que ha amenazado con declaraciones en cero por las pérdidas provocadas en los Estados afectados; por la parte inconforme persisten sus acciones y protesta, sin embargo las exigencias parecen estar enfocadas a entrar en el reparto resarcitorio que acalle estas expresiones.
 
El pueblo en general es mudo testigo, los trabajadores, la niñez y sus familias, sin testigos mudos  en este escenario. Los educandos no alcanzaron, por los paros, una educación, ya no de calidad, sino de media mala para abajo, en detrimento de los padres de familia cuyas aspiraciones sufren un descalabro generacional; el pueblo ha sido dañado en el ejercicio de sus derechos fundamentales sin entender porque no puede transitar con libertad y disfrutar su centro histórico, salir sin riesgo a las calles; el sector laboral dejó de percibir su salario o perdió su trabajo al cerrar la fuente del mismo, no recibirán indemnización alguna que repare ese daño.

Por ello en este momento, aprovechando el desgaste de todos los involucrados, autoridades, magisterio, organizaciones sociales y entes económicos, hacen sentir también su inconformidad y desde luego piden se restituyan directa o indirectamente, en dinero, o especie, beneficios fiscales, pues si no se suben al barco a tiempo, no les tocará la parte compensatoria de la gran bolsa que se destina y distribuye ente los grupos de poder que en estos momentos se hacen presentes, a pesar de las advertencia que hace la Secretaria de Hacienda, en el sentido contrario.
 
Este esquema se desenvuelve en la dialéctica de una sociedad desigual, inequitativa y evidentemente plural. Uno luchan para evitar, en el fondo, la modificación de la estructura social con vista en una justicia que se acerca al objetivo de una justicia distributiva equitativa que inhiba el esquema de los aparatos de dominación que propicia que cada componente humano permanezca en estado de sometimiento en lo que toca a su desarrollo y progreso; la otra parte aduce que ese esquema dominación debe ser suprimido y sustituido por otro; sin embargo los contendientes, se benefician de esa lucha y propician a que las cosas sigan en el rezago.
 
En el tránsito de esta crisis, el gobierno decreta el incremento de la gasolina para cubrir su insolvencia, lo que agrava él ya de por sí precario entorno económico de las clases marginadas, recrudecido en Oaxaca por las movilizaciones, cierre de vías de comunicación que curiosamente se llevan a cabo en la zona del sureste caracterizada por ser parte de un gran proyecto de desarrollo, de acuerdo con lo diseñado por el Gobierno Federal que quizás  no pueda culminarse y sujeto a los vaivenes de la política y de quién sea el próximo Presidente de la Republica.
 
A pesar de esta lamentable situación, me parece que, como dice el dicho popular no hay mal que por bien no venga,  si apreciamos que los tribunales federales están obligando a las autoridades federales, estatales y municipales a dictar medidas que eviten este tipo sucesos en perjuicio de la comunidad como lo ha logrado un sacerdote en la Ciudad de México que una medida precautoria para que se evite que, de la calle de Bucareli se quiten los obstáculos que se ponen para evitar el ingreso de los que protestan, sumándose a las dictadas en materia de educación .
 
Las medidas judiciales se están multiplicando para evitar la agresión social abriendo la brecha para crear una cultura de respeto a la ley en un estado de derecho, como el que se delinea en la Constitución Política, que se está confrontada con una realidad diferente.
 
Una de las múltiples causas de deterioro es consecuencia de que los legisladores emiten leyes que, por una parte, no regulan la realidad de la conformación social Mexicana, sino que responden a esquemas extra nacionales, que no concuerdan con las de México; por otra, se aprueban leyes para no sean acatadas, como está sucediendo con las del ramo educativo, de derechos humanos, transparencia y de anti-corrupción. Esta divergencia provoca la confrontación entre lo fáctico imperante y una inadecuada legislación, acentuándola, por  serla ley una respuesta legítima a la inconformidad social, política, económica, de salud, educación y seguridad pública.
 
Un factor evidente de esta afirmación son los actos de corrupción e impunidad que, a pesar de ser motivo de diversos ordenamientos no han sido remediados  por las contralorías, órganos de auditoria y fiscalías especiales que son instrumento de protección o sancionadores de aquellos servidores que caen en desgracia o que no se afilian a la complicidad compartida derivada del aprovechamiento en común de beneficios económicos, favores o cotos políticos. El caso paradigmático es lo que acontece en Veracruz en que un alto mando policiaco acaba de renunciar al darse a conocer las numerosas propiedades con que cuenta en México y Estados Unidos.

Estas experiencias deben ser aprovechadas para impulsar, en Oaxaca, la impugnación jurídica que encasille a las autoridades a velar por el bien público, como valor colectivo. Una herramienta útil es el interés legítimo que nos asiste a todos para exigirlo y obtener una resolución en la vía constitucional que reconozca ese derecho fundamental de vivir en condiciones de paz y seguridad, desarrollar nuestras actividades con vista a obtener un ascenso en la estructura social, sin trabas para no seguir siendo cómplices pasivos de la intolerancia-
 
                                                                                                                                                                          [email protected]