En Oaxaca el asunto de la seguridad pública está  colapsado por una crisis originada en el deficiente manejo que de la institución en el área de las policías en los aspecto administrativo, laboral, de coordinación y esencialmente de mandos adecuados y de una política pública acertada que fijara los lineamientos a seguir, no solo respecto a la responsabilidad de investigar delitos, perseguir y capturar delincuentes, sino de la que corresponde a las acciones de prevención, esenciales en toda comunidad organizada en un estado, con un régimen constitucional como el que está diseñado para que funcione formalmente la República Mexicana sujeta, en su evolución a dos facetas, una de la realidad reflejada en la ciudad de Oaxaca, en donde sus habitantes sufrimos día a día los efectos de la inseguridad en el goce de los derechos fundamentales, agravada en estos tiempos por las acciones  nocivas que dañan su patrimonio y ponen en riesgo la integridad física y su propia vida, al no contarse con los elementos suficientes para llevar a cabo la protección a que tiene derecho, la otra, la formal del discurso oficial que nos dice que es el estado más seguro, en donde se respetan los derechos humanos.

La situación de inquietud colectiva que causan estos fenómenos sociales, semejante a la que ocurre en otros estados en la lucha contra del crimen organizado que se ha tornado interminable y transexenal, aumentan rápidamente, de manera tal que la estadística de los casos de allanamiento de casas particulares, los robos y agresiones  ha crecido, sin que exista una respuesta subsidiaria por parte del Gobierno del Estado que disminuya el impacto que ha causado el movimiento de protesta de las policía estatal que, en paralelo, se combina con estos hechos, ante la impotencia ciudadana y indiferencia del gobierno.

Me parece que la realidad de la seguridad pública en el Estado es, paradójicamente, la  inseguridad en todos los ámbitos de la relación comunitaria que contraria el discurso oficial de una imaginaria tranquilidad, goce amplio de los derechos y de la ley, en un contexto ilusorio de una que estadística que busca convencer de que disminuye la actividad delictiva que, al mismo tiempo pone a prueba la inteligencia de los Oaxaqueños para inducirnos a creer que vivimos en Oaxaca en un estado de derecho como el que se describe en la Constitución Local y en la Constitución de la República, todos vemos que la realidad es contraria a ese discurso mediático; se vive cotidianamente en un estado sin respeto  al derecho ajeno, a la ley y el orden, sin brújula, impotente, ilegal e injusto, en donde la igualdad de trato, es un principio, sin contenido.

 La incapacidad del gobierno de otorgar seguridad a la población, no requiere demostrarse que ha sido reconocida públicamente por el propio gobernador en una reciente entrevista; como agregado a esa faceta fase que profundiza ese defecto, emerge el conflicto en la Policía, conocida como del Estado, que se dejó crecer, al no atenderse con las mismas reglas del dialogo y la negociación oportuna, surgió la actitud visceral del mando irracional, en momentos en que la situación socio política, que lo tornó inoportuno, intensificándolo a la infiltración de los intereses políticos que todo contaminan y aprovechan, en su beneficio; ahora se enfrenta, este asunto, con la violencia  legal del estado para solucionarlo, mediante la intervención de la Policía Federal, con una acción de recuperación de las instalaciones en donde se mantiene la protesta.

Esta acción obliga al contraste, consciente de que las policías, tienen a cargo una actividad y responsabilidad diferenciad a la del magisterio que debe ser ponderada, sin embargo, la opinión pública está apreciando un trato diferenciado, como característica común. Al magisterio se permite en los niveles de gobierno, federal y estatal, mantener sus plantones, se les cubren sus salarios y prestaciones adicionales aun cuando no las devenguen; se les ampara con un interminable diálogo y negociación, buen trato, se les permite que sigan manejando la estructura estatal educativa, no se les despide del cargo aun cuando suspenden injustificadamente su encomienda, por uno, dos, tres días o meses, aunque se dañe a la niñez y juventud; a los Policías se les priva de su salario, se usa la fuerza pública en su contra, están en riesgo de perder el trabajo, bueno es que solo son unos cuantos y los maestros son ochenta mil.

Estos hechos palmarios, nos muestran desde la diferencia de trato político institucional y legal para resolver dos problemas similares aunque,  que trascienden a la población que; por una parte se afectan valores esenciales de un pueblo, la preparación de su fuente de desarrollo, la niñez y la juventud que permanece en el retraso y en un medio que exigirá una seria competencia en el futuro, que difícilmente se alcanzarán, en los parámetros necesarios para lograr la superación personal, consecuencias que son de graves para el Estado de Oaxaca que tendrá que cargar esa responsabilidad en el orden social, laboral y de desarrollo, por acentuarse la pobreza y la explotación; los dos movimientos han dañado los derechos esenciales de las personas, con la desventaja que el despido de policías los arrojará a los brazos de la delincuencia, como sucedió hace algunos años respecto de la Policía Judicial Federal, aumentando los delitos. El paro de ese cuerpo de seguridad ya produjo robos a casa habitación y riesgos para la vida e integridad de las personas.

La población vive estos actos de agresión e impunidad, motivando que se incentive la defensa legítima y familiar, como ya está sucediendo en las colonias, con el riesgo de que se den actos de linchamiento, como expresión de justicia por propia mano, justificadas.

Los Gobiernos del Estado y el Federal cuentan con los recursos necesarios para atender la necesidad de que se tutele y garantice, de manera efectiva, la seguridad de su población  de manera subsidiaria, propiciando la instrumentación de una fuerza que se haga cargo temporal de lo que hacen los policías en paro, independientemente de que encamine la solución institucional de la controversia salarial o política que está enfrentando con ese cuerpo de seguridad. Su prioridad es su población y su seguridad que, hasta este momento, no le han dado la atención que les impone el artículo 21 de la Constitución de la República, lo que hace resaltar una responsabilidad solidaria.

Hemos visto que en otras entidades, la Federación ha enviado a la Policía Federal e incluso al ejército para que mantenga la seguridad de las personas en aquellas localidades que así lo exigen, por no existir policías, por corrupción de sus miembros, para proteger al turismo, la vida y patrimonio de las personas. Surge una interrogante ¿ porque el Gobierno del Estado, no recurre a los recursos públicos que, en amplia cuantía solicita en calidad de préstamos para otras cuestiones, como son pagar las prestaciones del magisterio, que se utilice para implementar, en esta ciudad un sistema emergente y temporal de un suficiente cuerpo de seguridad?; con ello se apoyaría a la policía municipal de Oaxaca de Juárez que, con menores recursos y elementos, sigue trabajando en la ciudad, pero que no puede cubrir todas las colonias y su zona conurbada.

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