A la opinión pública:

La actual situación que atraviesa el país y el Estado, nos exige la colaboración de todos los sectores, como los poderes públicos, la iniciativa privada y la sociedad civil. Esto con la finalidad de buscar soluciones conjuntas que promuevan el correcto funcionamiento de todos los motores de la economía y así, poder hacer frente a los distintos retos sanitarios y sociales.

En ese sentido, como organismos nos preocupa que en el H. Congreso del Estado se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica. Un ejemplo de lo anterior, es el DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA, al cual se le dio primera lectura y se pretende aprobar en la siguiente sesión parlamentaria. En particular, preocupa el hecho que sin una argumentación sólida y desatendiendo las peticiones de audiencia del sector privado, se pretenda prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad.

En términos generales, dicho proyecto legislativo surge de un objetivo loable, que es el contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana. No obstante, hemos encontrado que existen algunas disposiciones que se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud, situación que podría eventualmente originar un efecto contrario al esperado mediante la creación de una controversia jurídica al legislar sobre facultades exclusivas de la Federación establecidas en la Constitución.

En particular, consideramos que la medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios, los cuales nos permitimos enlistar a continuación:

• Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular a misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior, derivado a que alrededor del 60% de los ingresos dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos.
• Adicionalmente, la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, en particular a los pequeños y medianos productores de productos tradicionales como el cacao y chocolate, íconos de nuestro Estado que actualmente se encuentran en riesgo por la baja producción de la semilla y la carga fiscal que se le ha impuesto en tiempos recientes, mermando así los ingresos de las familias cacaoteras y chocolateras.
• En estos momentos en país y en particular el Estado de Oaxaca, se encuentra en una crisis económica profunda, la cual afectará principalmente a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional, se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes.

Asimismo, estimamos relevante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial. De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que los alimentos y bebidas procesadas representan tan solo el 30% de la ingesta calórica.

Es importante observar, que el próximo 1º de octubre se prevé la entrada en vigor de las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual tendrá como objeto informar al consumidor sobre el contenido de los productos. Por tal motivo, consideramos que es menester esperar a la implementación de las políticas de carácter federal y valorar su efectividad con base en su ejecución, previo a implementar medidas coercitivas que puedan dañar el patrimonio de miles de oaxaqueños, sin evidencia alguna que sustente o justifique la medida.

En virtud de lo antedicho, hacemos un exhorto al Congreso del Estado a no castigar a los comerciantes locales y posponer la votación de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del Estado de Oaxaca que se verían gravemente afectados.