El Congreso de Tabasco pretende aprobar una reforma al Código Penal de esta entidad, en donde se propone castigar hasta con 20 años de prisión a quienes extorsionen y bloqueen empresas públicas o privadas, negando el gobierno estatal (Morena) que se trate de una "Ley Antimarchas".

La iniciativa ya fue avalada por las comisiones legislativas a propuesta del gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández, quien en su argumentación señaló que lo que se busca es asegurar la inversión privada, fortaleciendo el arraigo de la industria nacional y extranjera, como un mecanismo que permitirá recuperar el buen vivir de las personas, mediante el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo, contribuyendo significativamente al logro de los objetivos trazados por la presente administración para abatir los altos índices de rezago, pobreza y marginación.

La modificación señala en el Artículo 196, que "se impondrá prisión de diez a veinte años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona".

Se advierte que en caso de que el delito sea cometido por un funcionario o exfuncionario, se le aplicará una inhabilitación de 10 años para desempeñar algún empleo o actividad en la administración pública.

El artículo 196 Bis, que es de nueva creación establece que: "Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA".

Además se agrega que las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras.

Más adelante en artículo 299 se protege también a las dependencias estatales y presidencias municipales, al quedar establecido que: "Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis años a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA".

El secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, defendió las modificaciones al Código Penal afirmando que no se trata de una "Ley antimarchas", sino de una reforma anti extorsionadores, que busca frenar a quienes presuntamente amparándose en la lucha social extorsionan a las empresas y los particulares.

"La ley no tiene dedicatoria, la ley nada más prevé que haya escenario de armonía, tranquilidad y respeto al derecho de los particulares y de las empresas a invertir en Tabasco", indicó.

El PRI, a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, ya advirtió que podría votar en contra toda vez que se trata de una modificación que sería usada para impedir la libre manifestación de los ciudadanos, criticando que en Tabasco quien encabezó bloqueos en el pasado fue quien hoy es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora su partido los quieren sancionar.

"Es sorprendente ver, que quienes antes de ser miembros del gobierno en turno, bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, oficinas de gobiernos, cerraban carreteras, calles, pernoctaban en plazas, en parques, en entradas de edificios públicos en calles o avenidas; hoy que son gobierno, quieren prohibir esos actos", denunció.

Esta reforma al Código Penal de Tabasco será discutida por los legisladores locales mañana en un periodo extraordinario de sesiones, previendo que sea aprobada debido a que solo se necesitan 18 votos y la bancada de Morena tiene 21 integrantes.