Oaxaca.- Resulta preocupante reconocer que  las personas con movilidad limitada, dentro de las cuales se considera a las personas con discapacidad,  no solamente se enfrentan a una realidad social en procesos de inclusión, sino también a barreras físicas en el espacio público y en las edificaciones, de carácter público y privado que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos, señaló el Consejero Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla.

Al participar el 18 de octubre último en la mesa Políticas Públicas y Gestión, realizada dentro de las actividades del taller sobre “Accesibilidad e Inclusión para la Zona Arqueológica de Monte Albán”, Rodríguez Alamilla señaló que, como en la inmensa mayoría de los derechos humanos y de sus principios, necesitamos pasar de su reconocimiento formal a su aplicación efectiva.

Rodríguez Alamilla puntualizó que se deben reconocer las diferentes obligaciones que tiene el estado mexicano respecto a los derechos de las personas con discapacidad, pero también replantear el paradigma sobre el cual se han desarrollado los modelos y formas en cómo se entiende y atiende a las personas con discapacidad en nuestro país.

El Consejero Ciudadano de la Defensoría subrayó que necesitamos pasar de una visión de Estado –que tradicionalmente ha visto a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable objeto de políticas caritativas o asistencialistas– a una visión en el que éstas sean consideradas verdaderos sujetos de derechos, a quienes se les tiene que tomar en cuenta para el pleno y efectivo ejercicio de dichos derechos.

Ante ello, Rodríguez Alamilla señaló que la discapacidad que pueda tener una persona se convertirá en una desventaja solo en la medida en que el entorno limite el acceso a servicios, instalaciones, información y recursos. Si una sociedad cuenta con espacios accesibles, la discapacidad no será una circunstancia que produzca segregación; pues todas y todos podrán hacer uso de los elementos que ella encierra.

Agregó que debemos entender que los problemas generados por la falta de accesibilidad  son problemas directamente relacionados con el ejercicio de derechos, que no se pueden resolver sólo mediante la mera supresión de barreras físicas.

Explicó que un enfoque basado en derechos nos obliga a identificar por qué se producen las barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a originar, y cómo desarrollar las medidas, programas y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

El Consejero Ciudadano de la Defensoría puntualizó que es necesario replantear la forma en cómo el Estado conceptualiza y atiende la discapacidad en nuestro país, también es importante revalorar el significado y gestión que los llamados  Patrimonios  Culturales (como Monte Albán) tienen para un país y sus ciudadanos.

Rodríguez Alamilla señaló que  la construcción de una auténtica sociedad democrática, está en el reconocimiento de cada uno de sus miembros como verdaderos sujetos de derechos.

Agregó que hacer accesible a todas las personas  el acceso a los Patrimonios Culturales no es una concesión graciosa del Estado, sino un verdadero acto reivindicatorio de derechos para todas aquellas personas que por tener algún tipo de discapacidad han sido excluidas del derecho humano a participar en la vida cultural de nuestro país.