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A propuesta de Horacio Antonio, aprueba Congreso Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El diputado Local manifestó que dicha aprobación representa un gran avance para Oaxaca, en materia de Derechos Humanos.

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó con 30 votos, la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Estado de Oaxaca, presentada por el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Horacio Antonio Mendoza, el pasado 15 de febrero. 

El también Vicecoordinador Parlamentario del PRD, expresó su beneplácito, al tiempo que dijo, “la aprobación de esta Ley, es una gran contribución para erradicar la práctica de la tortura en la entidad, además permite que se garanticen y respeten los derechos humanos en nuestro Estado, pero sobre todo que se sancionen las violaciones, y se emitan castigos ejemplares a quienes incurran en este tipo de delitos”, refirió.

En este sentido, detalló que la Ley contempla que en el proceso penal no se tome en cuenta la declaración o información que haya sido obtenida mediante tortura o violación a los derechos humanos, así como aquellas rendidas ante una autoridad distinta a la judicial, sin el abogado defensor o, en su caso, sin intérprete o traductor correspondiente. 

Antonio Mendoza, puntualizó que la Ley en cuestión, instruye que las instituciones del Estado, aseguren que las víctimas cuenten con las condiciones necesarias que faciliten la denuncia, investigación, reparación y sanción del delito, “es fundamental que el Gobierno del Estado y todas sus dependencias estén preparadas para dar seguimiento a los casos de tortura, pero sobre todo que trabajen coordinadamente en ello para obtener resultados precisos”, declaró.  

El Diputado del Sol Azteca, manifestó que el combate a la tortura es una de las mayores preocupaciones de la sociedad en general, por lo que es fundamental contribuir a que se garantice el respeto e implementación de las normas jurídicas encaminadas a prevenir, investigar y sancionar la tortura, “es esencial la existencia de un marco jurídico en el Estado en la materia, que contribuya a sentar las bases para el desarrollo de una política de prevención y atención en la entidad”, concluyó. 

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