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Fortaleciendo capacidades de protección en Honduras

Hacia medidas de protección de vivienda y tierra de población desplazada

Hoy fueron presentados en Honduras un conjunto de recomendaciones resultado de los hallazgos del informe sobre tierras, vivienda y desplazamiento forzado elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, en consulta directa con las autoridades competentes en el nivel nacional, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, organizaciones de sociedad civil y miembros del Grupo de Protección.  

Las consultas directas a comunidades se desarrollaron el departamento de La Paz con 32 comunidades indígenas y campesinas; en el departamento de Gracias a Dios con 7 comunidades indígenas y garífunas; en el departamento de El Progreso con líderes comunitarios de la Colonia La Alemania y con las Colonias Generación 2000, Nueva Capital y la Ulloa en Tegucigalpa.

Este informe analiza de manera detallada los marcos jurídicos existentes en el país en materia de tierra, vivienda y patrimonio con el fin de identificar herramientas existentes para la protección del patrimonio en situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado por violencia. Así mismo, identifica vacíos de protección existente en la protección de los derechos territoriales y presenta recomendaciones para el diseño de programas, políticas públicas, mecanismos y estrategias que permitan proteger los derechos de la población desplazada por violencia sobre sus bienes.

De acuerdo con la caracterización sobre el desplazamiento forzado en Honduras realizado por la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia liderada por el Gobierno de Honduras entre 2004 y 2014 un total de 174.000 se desplazaron por la violencia en 20 municipios urbanos del país. 4%(6960) de ellos manifestaron el despojo, ocupación como la causa de su desplazamiento

Más de 16,000 hondureños solicitaron protección internacional en el 2015[1], aproximadamente 300 casos individuales presentaron quejas/denuncias por desplazamiento forzado entre enero y noviembre de 2016 ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y el ACNUR, a través de socios y de manera directa identificó y brindó asistencia a más de 500 personas. 

El desplazamiento forzado en Honduras afecta a comunidades urbanas, rurales y minorías étnicas en hechos relacionados con el control social y territorial de Maras y pandillas; la disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico; el despojo, ocupación y destrucción de viviendas y tierras así como  la ausencia de solución sobre conflictos territoriales.

La ausencia de mecanismos efectivos para la protección, sumado a la desactualización de la información catastral, las dificultades presupuestales, operativas y técnicas de las entidades competentes dificultan la identificación del impacto y la puesta en marcha de mecanismos efectivos para la protección de los derecho a la vivienda, la tierra y el territorio. A esto se suma la ausencia de condiciones de seguridad en algunas zonas de alto riesgo y la dificultad en el acceso a comunidades más aisladas.

Teniendo lo anterior en cuenta, y con el fin crear políticas públicas favorables para el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas por la violencia se establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones a las entidades de Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional:

·         Sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.
·         Sistemas de registro sobre tierras y viviendas de población forzada a desplazarse
·         Fortalecimiento de la agenda de desplazamiento forzado por la violencia en  las organizaciones sociales y comunitarias.
·         Fortalecimiento de redes de apoyo en clave de protección a las personas desplazadas por la violencia y sus derechos a la tenencia pacífica de viviendas, tierras y territorios.
·         Fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y afrohondureños; así como de organizaciones comunitarios en contextos urbanos.
El ACNUR presenta este informe de tierras, vivienda y desplazamiento forzado como una herramienta  para el diseño del marco legal y sus respectivas políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas y el diseño de acciones articuladas que permitan la superación de los vacíos identificados.

En su calidad de asesor técnico el ACNUR continuará apoyado al Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia –CIPPDV y demás entidades con competencia, así como con la sociedad civil y las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

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