Las y los diputados electos a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, que conformaremos la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,  de manera puntual exigimos:  

¡¡NO A LA REGRESIÓN DEL AUTORITARISMO!!  

En el Siglo XXI los Estados modernos se caracterizan por haber adoptado un régimen político basado en la democracia, entendiéndola como una condición para el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos humanos. A mayor democracia, mayores derechos, a mayores derechos, mayor desarrollo. Este es un círculo virtuoso que debería justificar la existencia, los principios y las acciones de los partidos y actores políticos. 

En los años posteriores al 2006 en nuestro estado, la movilización ciudadana vino presionando para hacer reformas de transición. En abril del 2011, la LXI Legislatura del Congreso estatal, modificó 30 artículos de la Constitución Política del local, hecho histórico que representó un avance democrático, colocándonos a la vanguardia de la Federación. En una palabra, podríamos presumir que se había logrado la construcción de un Estado Constitucional Democrático y de Derechos. 

Hoy en día, es preocupante la actitud que ha tomado la actual Legislatura del Congreso, al estar modificando al vapor y con deficiencia legislativa las leyes que nos permitieron avanzar en la democracia. Han aprobado una serie de reformas que representan el regreso al autoritarismo, de las cuales, denunciamos particularmente las siguientes:  

·         La reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde   aumenta a cinco el número de integrantes que requiere un partido político para constituir una Fracción Parlamentaria, muestra un sesgo de autoritarismo, limitando la posibilidad de que en la Junta de Coordinación Política se integren los partidos políticos minoritarios en la toma de decisiones importantes para la actividad del Poder Legislativo. La citada reforma es una muestra clara de una intolerancia del PRI al debate y a la búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas políticas, además de ser una reforma lesiva al derecho de las minorías representadas en el Congreso del Estado.  

·         La reforma al artículo 31 elimina la irreductibilidad del presupuesto legislativo, con ellos se desecha la expresión de una garantía entre los poderes para que él Ejecutivo no usara el presupuesto como medida de presión a los legisladores. Si bien durante la alternancia política se sentaron las bases de un equilibrio real de poderes con la necesidad de un Poder Legislativo autónomo, ahora con el regreso del PRI era más que necesario tener un Congreso totalmente autónomo, sin embargo con esta reforma, intentan imposibilitar por anticipado dicha autonomía. 

·         La modificación del artículo 59 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cancela la corresponsabilidad entre los poderes para enfrentar la conflictividad municipal, y permitirá al Gobernador nombrar discrecionalmente a los administradores municipales, con el riesgo que los designados actúen con amplios márgenes de discrecionalidad financiera, además de actuar con ánimo partidista e incluso anteponiendo su lealtad política por el nombramiento recibido a sus responsabilidades institucionales. Esta reforma representa un monumento al atraco con administradores que sólo se dedicaran a saquear los recursos de las comunidades oaxaqueñas. Desde el PRD, impulsaremos una iniciativa para terminar con este atraco y permitir que las comunidades sean gobernadas por gente del mismo municipio. 

·         La reforma al artículo 88 constitucional significa eliminar la facultad del Congreso del Estado para ratificar a los Secretarios del Gobierno del Estado. Lo anterior, es un duro golpe para la democracia oaxaqueña y es un regresión en la interacción entre los poderes, que en su momento fue aprobada por todas las fuerzas políticas, incluido el PRI. Cancelar la ratificación legislativa a los nombramientos, genera un entorno de opacidad sin que se analicen los perfiles, ni se presenten propuestas de trabajo a la sociedad, y alienta la distorsión de la administración pública al alejarla de criterios profesionales, acercándola al pago de compromisos políticos convirtiéndola en agencia de colocación de los incondicionales del gobierno. No queremos en Oaxaca una repetición del pésimo Gobierno de Peña Nieto con un Gabinete de amigos e incondicionales, pero sobre todo, no debe alentarse un uso patrimonialista del poder público. El PRI de Oaxaca no ha entendido el reclamo nacional: la sociedad está harta de funcionarios incapaces y de que los cargos públicos sean usados como patrimonio de un grupo político. La realidad es que existe una pluralidad política en Oaxaca, reflejada en la reforma del 2011 estableciendo causes para su expresión y equilibrio, dando fortaleza al Poder Legislativo. Lamentablemente a meses de tomar posesión el nuevo gobierno, se visualiza el regreso de un autoritarismo priista.  

·         Con la reforma al artículo 81 Fracción VI, se amplía a 20 días el lapso de tiempo que el Gobernador pueda salir del territorio estatal, sin necesidad de permiso de la Legislatura. Esta reforma representa un duro retroceso entre la división y el equilibrio de poderes, al pretender el titular del Ejecutivo la concentración del poder en una sola mano. Mientras que, en los países más democráticos del mundo los mandatarios tienen que solicitar al Congreso permiso para ausentarse de su territorio, en Oaxaca el PRI impone una decisión a todas luces retrógrada. 

·         La reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo impulsada también por la actual mayoría del PRI, dota de más funciones y atribuciones a la Secretaría General de Gobierno, que se convertirá en una súper secretaría, creando nuevamente las Delegaciones de Gobierno que existían en los anteriores gobiernos priistas y que funcionaron como oficinas de operación electoral y presión política, concentrando mayor poder en una sola persona.  

·         Con la reforma al artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, donde se limita a que este órgano técnico de fiscalización pueda interpretar querellas de manera directa, la citada reforma establece que para proceder penalmente contra los funcionarios públicos y representantes populares, se requiere de autorización previa de la Junta de Coordinación Política. Con ello, se da un duro revés a la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, quedando maniatado un órgano técnico a un órgano político como la Junta de Coordinación Política del Congreso. Esta reforma constituye un monumento a las negociaciones en “lo oscurito” y al “pacto de impunidad”; es lamentable que en una reforma realizada en pleno siglo XXI se posibilite el uso discrecional del erario, cuando en la Federación fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción.  

Ante la magnitud de la afrenta, anunciamos que desde el PRD vamos a asumir un papel digno en la próxima Legislatura del Congreso del Estado; y por este medio  convocamos a las demás fuerzas políticas, sociales y democráticas, a crear un frente opositor a la regresión del autoritarismo, que tenga como objetivo primordial restablecer el orden Constitucional Democrático, que ha sido violentado. 
 

ATENTAMENTE: 

ALEJANDRO APARICIO SÁNCHEZ 

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

EVA CRUZ DIEGO 

HORACIO ANTONIO MENDOZA 

PAOLA GUTIÉRREZ GALINDO 

SILVIA FLORES PEÑA 

TOMÁS BASALDÚ GUTIÉRREZ 

TORIBIO LÓPEZ SÁNCHEZ