Oaxaca.- Para entender el fenómeno de adolescentes en conflicto con la ley, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan, y que la atención de estas y estos jóvenes requiere de un sistema especializado capaz de ofrecerles oportunidades reales para que asuman su responsabilidad frente a la comisión de un delito a fin de que encuentren opciones para un desarrollo pleno, recomendó el 14 de marzo último la coordinadora general de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos, Irma Lucía González Espinoza.

En el auditorio de Palacio de Gobierno, durante la inauguración de la segunda semana de capacitación para el personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), González Espinoza agregó que un amplio porcentaje de adolescentes que cometen delitos no tuvieron condiciones de vida que les permitieran desarrollar plenamente sus capacidades, pues la mayoría viven en condiciones de exclusión, pobreza y desigualdad.

La representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca señaló que la carencia de oportunidades y el debilitamiento de los mecanismos familiares, comunitarios e institucionales de protección, facilita que las y los adolescentes se involucren en conductas delictivas

Ante el jefe de la Gubernatura, Alberto Esteva, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Alberto Ruiz, la secretaria ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA), María Cristina Salazar, y la oficial de UNICEF en México Cynthia Dennise Velázquez, la defensora González Espinoza dijo que es fundamental reconocer que las y los adolescentes en conflicto con la ley son titulares de derechos y obligaciones, y requieren atención especializada que garantice el respeto a sus prerrogativas.

La representante de la Defensoría agregó que las y los adolescentes en conflicto con la ley, para poder lograr un proceso de reinserción social exitoso, requieren de un compromiso y una coordinación eficaz entre las instituciones del Estado, organismos públicos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil.

Esta vinculación debe darse para que dichas instancias puedan atender adecuadamente las necesidades de los adolescentes que están cumpliendo una medida sancionadora, abundó.

González Espinoza llamó a las instituciones a respetar, proteger y promover los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley, además de extender la sensibilización hacia la ciudadanía en general para poder minimizar de manera progresiva los efectos negativos a los que se enfrentan estas y estos jóvenes cuando son integrados nuevamente a su familia y la comunidad.

La representante de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca insistió en que todas las decisiones que se tomen en las instituciones que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley deben tomar en cuenta en todo momento los principios de protección integral, el respeto a sus derechos y el interés superior de la niñez.

Al intervenir en este acto, el secretario de Seguridad Pública Jorge Alberto Ruiz dijo que con estas acciones se busca sensibilizar y profesionalizar a las y los servidores públicos que colaboran en la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, para que a los menores de edad en esta situación se les pueda proporcionar una atención que fomente su reinserción mediante la educación y el respeto a su dignidad como personas.

A su vez, la secretaria ejecutiva del SIDNNA, María Cristina Salazar, enfatizó que el reconocimiento de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley es una tarea que aún tiene pendientes muchos retos, para ello es necesario realizar acciones que permitan a las instituciones especializarse para dar una atención eficaz.