Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares dirigidas a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado para evitar posibles violaciones a derechos humanos de un comunicador que denunció amenazas de muerte en la población de Huatulco.

La Defensoría inició el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/0893/ (17)/OAX/2015 tras conocer por medios de comunicación que el periodista fue amenazado de muerte por el ex regidor de Ecología del municipio de San Miguel del Puerto, tras haber publicado una nota periodística sobre presuntas irregularidades generadas en una institución educativa, en la cual la pareja del ex regidor funge como directora.

Según medios de comunicación, el comunicador detalló que la noche del 19 de julio el ex funcionario público lo intercepto con un arma y lo amenazó de muerte sí continuaba publicando notas sobre su pareja sentimental.

El periodista señaló a medios de comunicación que el ex regidor de Ecología es conocido por amenazar a las personas que tienen roces con su pareja, pues hace meses el ex funcionario realizó disparos al domicilio de un maestro que había tenido problemas en la escuela con la directora a la que dicho ex munícipe corteja.

Debido a estos sucesos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca dirigió una medida cautelar a la PGJE para que instruya al agente del Ministerio Publico que corresponda a fin de que contacte al agraviado, le tome declaración y se inicie el legajo de investigación que corresponda, dentro del cual se establezcan las medidas de protección necesarias para el agraviado y su familia.

En la medida cautelar, el organismo defensor solicitó asimismo la colaboración de la SSP para que instruya a los elementos de la policía estatal a fin de que realicen acciones tendientes a garantizar y salvaguardar la integridad y seguridad personal del comunicador y de su familia, a fin de evitar que se susciten daños de difícil o imposible reparación.

Finalmente, el organismo defensor solicitó la colaboración de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de su competencia coadyuve en el cumplimiento de las referidas medidas.