El ‘‘estado mayor’’ del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) está integrado por los capos michoacanos José González Valencia y Rogelio Guízar Carmolinga, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con una nota del diario La Jornada, el primero es el encargado de las finanzas de toda la organización y jefe de una estructura de seguridad que opera en los estados de Jalisco y Colima, y se le considera responsable de los recientes ataques contra policías estatales, federales y efectivos del Ejército.

A su vez, Guízar Carmolinga es responsable de la estructura operativa y de seguridad en Michoacán y Guerrero. Asimismo, se le considera el enlace con las células que operan en Quintana Roo y Veracruz.

Los funcionarios entrevistados señalaron que en los informes de inteligencia que han elaborado el Ejército Mexicano y autoridades civiles se ha detectado que ambos personajes son familiares políticos del también michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva generación.

Para las autoridades consultadas, los narcotraficantes michoacanos han desplazado a los capos surgidos en Sinaloa, entidad considerada históricamente la cuna de tráfico de drogas en México, y ahora mantienen una alianza estratégica con los grupos que tienen su centro de operación en el llamado Triángulo Dorado, con los cárteles de Sinaloa, Juárez, de los Arellano Félix y también con miembros del cártel del Golfo.

José González Valencia, La Chepa, es cuñado de Nemesio Oseguera y sustituyó a su hermano Abigael (quien fue detenido el 28 de febrero) en las operaciones financieras, las alianzas con grupos criminales en Asia y Europa –donde envían cargamentos de drogas sintéticas– y también se encarga de la relación con los grupos de traficantes de armas que operan en Estados Unidos y Centroamérica, refieren informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los que tuvo acceso este diario. En tanto, Rogelio Guízar Carmolinga, identificado como compadre de El Mencho, es mencionado como el tercer hombre en importancia dentro del cártel Jalisco Nueva generación, y en 2009 la Procuraduría General de Justicia de Michoacán solicitó una orden de aprehensión en su contra por homicidio culposo, pero fue negada por haber prescrito el tiempo para ejercitar acción penal.

De acuerdo con la información recabada, Guízar Carmolinga es el encargado de las operaciones y las células de sicarios en Guanajuato, Michoacán y estado de México, donde los grupos del CJNG han llevado a cabo ataques contra autoridades locales, y también se encarga de los centros de producción de drogas sintéticas.

De esa manera, señalaron los funcionarios entrevistados, El Mencho, quien nació en 1964 en el municipio de Aguililla, Michoacán, mantiene su escudo de seguridad y la operatividad financiera de su organización.

A pesar de que Nemesio Oseguera se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno federal, en la actualidad sólo existe una recompensa de 2 millones de pesos por información que lleve a su captura por parte del gobierno mexicano, que data del año 2011.

PGR y Policía Federal ignoraron reportes de inteligencia

A partir de hoy la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comenzará a rotar a los Policías Federales que se encuentran en Jalisco como parte de la ofensiva del gobierno contra el crimen organizado que opera en la entidad, en tanto que el gobierno estatal realizará cambios en sus mandos policiales.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, detalló así los siguientes pasos de la estrategia conjunta para combatir al cártel Jalisco Nueva generación, que admitió, infiltró a las policías municipales y creció al amparo de una protección empresarial y política en la entidad. Sin embargo, aseguró que desde el inicio de su gestión “no estoy a favor de una paz narca”.

Destacó la importancia del inicio de la Operación Jalisco, que como consecuencia del primer día, hoy tiene un saldo de 16 muertos. Dejó en claro que su gobierno desconocía que iniciarían las acciones, por lo que si existió una delación fue en el ámbito federal.

En entrevista con el periódico El Universal, Sandoval Díaz reveló que desde hace año y medio ya había alertado a la Policía Federal y al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de la capacidad logística y de armamento que tenía el cártel, y su expansión en los últimos años. Sin embargo, el funcionario y la PF hicieron caso omiso a toda la información de inteligencia que les proporcionaron.

El gobernador enfatizó que la administración estatal anterior le entregó un estado sin un diagnóstico o informes relacionados con la seguridad, cuando la realidad es que el cártel “fue permeando silenciosamente a las instituciones”.

Incluso, integrantes de dicha organización lo buscaron para intentar establecer un canal de interlocución, como se tenía en la administración anterior, pero “yo me negué completamente a tener contacto con esa organización”, sostuvo.

Disputa de territorio entre narcos provoca desplazamiento de personas

A causa de la violencia desatada por la disputa territorial entre los cárteles en México, y los esfuerzos del gobierno por erradicar al crimen organizado provocaron que durante 2014, nueve mil mexicanos fueran desplazados de su lugar de origen hacia otros estados del país.

De acuerdo con el informe 2015 del Observatorio de Desplazamiento Interno, en el país suman 281 mil 400 personas en esa condición.

Según la estimación revelada ayer por el organismo no gubernamental internacional, la violencia criminal, ligada en su mayoría a los cárteles de la droga, además de causar la muerte de civiles y una alta incidencia de otros delitos y violaciones a derechos humanos derivó que en el último año en al menos diez entidades se haya presentado el fenómeno de desplazamiento interno.

“La movilidad y la fragmentación de tráfico de drogas y otros grupos criminales, como resultado de las operaciones militares contra ellos, y sus luchas por controlar territorio significa que los patrones de desplazamiento en México son cambiantes y diversos. Las personas han sido desplazadas en masa y en regueros, ya sea de un área urbana a otra, como en Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz”, indica el informe según otra nota publicada por el diario 24 Horas.

Asimismo, señala los movimientos registrados de regiones propiamente rurales y semi-rurales hacia zonas suburbanas, como es el caso de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa; de suburbanas a zonas urbanas en Michoacán y Sinaloa; urbana a zonas suburbanas, en el caso de Veracruz; e intra-urbano, es decir al interior de la misma zona, como es el caso de Chalco, Nezahualcóyotl, Matamoros y Ciudad de México.

Como parte de esos factores detonantes del desplazamiento interno en México, el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos reitera que las condiciones de inseguridad y violencia se hicieron más evidentes a partir de hechos ocurridos en 2014 como las “ejecuciones extrajudiciales” en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; los al menos mil cadáveres hallados en fosas clandestinas de Guerrero; así como la alta incidencia de feminicidios, desapariciones forzadas y casos de tortura.

“La respuesta de mano de las fuerzas de seguridad continúan en México y el Triángulo del Norte, las operaciones militares en México han aumentado violaciones de los derechos humanos, en particular ejecuciones extrajudiciales, el asesinato selectivo de mujeres, desapariciones forzadas, la tortura y detenciones arbitrarias”, señala el documento.

Al respecto de las más de 280 mil personas que fueron desplazadas, aproximadamente nueve mil de ellas en 2014, el organismo indica que actualmente no se cuenta por parte del gobierno de una cifra oficial que contemple a ese sector de la población.