La Secretaría de la Función Pública (SFP) arranca a partir del 1 de mayo la obligación para los funcionarios de la administración pública federal de presentar también declaración de conflicto de interés, la cual deberá ser actualizada cada año.

En ese mismo mes, la dependencia lanzará un portal en el que se incluirá el listado de las empresas que han tenido operaciones con el gobierno federal y que por algún motivo hayan incumplido o se hayan detectado irregularidades en su desempeño.

A raíz de que se dio a conocer la compra de inmuebles por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo federal determinó el 3 de febrero pasado que todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones de interés.

El acuerdo, firmado por el secretario de la Función Pública y que hoy se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de la dependencia, precisa que los formatos para las declaraciones patrimoniales que año con año se presentan en mayo "contendrán un apartado denominado Declaración de Posible Conflicto de Interés, a fin de transparentar el ejercicio del servicio público".

Según una nota del periódico El Universal, el objetivo es que para que los servidores públicos puedan atender la instrucción referida y presentar en el próximo mes la declaración de conflicto de interés, es necesario incorporar un apartado en el formato de la declaración patrimonial, a fin de favorecer la transparencia y la vigilancia, así como la identificación de situaciones de posible conflicto de interés.

"A fin de que a partir de mayo de este año sea obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posible conflicto de interés, misma que debe entregarse al ingresar a cargos públicos federales y actualizarse anualmente", establece el acuerdo referido.

De igual forma, la SFP estableció protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de los procedimientos de contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones para evitar actos de corrupción.

Se advierte en el acuerdo publicado que la inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en el protocolo "no afectará la legalidad de las contrataciones públicas y el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas".

La oficina de Virgilio Andrade también determinó ampliar la lista pública de proveedores sancionados por el gobierno federal, ya que se agrega el detalle de la causa de la sanción aplicada. También incluirá información de mil 504 empresas castigadas desde el 14 de octubre de 2004 hasta el 27 de abril de 2015, de las cuales mil 262 son personas morales.

El 54% de las empresas sancionadas es porque incurrieron en falsedad de información y 8% por incumplimiento del contrato firmado.

Si habrá fallo sobre el caso de la Casa Blanca

En entrevista con La Jornada, Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que también se darán a conocer los nombres de los funcionarios públicos que participen en los procesos de contratación de las dependencias del gobierno federal.

Con su cargo en entredicho prácticamente desde que fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto para amainar el escándalo de la Casa Blanca y con la encomienda de esclarecer el posible conflicto de intereses, Andrade alude a las embestidas que ha tenido, la más reciente, la petición de su renuncia: “Es parte de la agenda de un partido. Es un fenómeno natural derivado de la intensa pluralidad que vivimos, donde hay múltiples intereses. Son distintas visiones en un país tan abierto”.

-Con independencia de todo lo que pueda hacer en la secretaría, ¿el juicio a su desempeño estaría en función de los resultados de la investigación de la Casa Blanca?

–Es lógico que así sea. Es una parte importante, pero más allá de esos juicios inmediatos, derivados de las circunstancias, es importante construir reformas que respondan a la expectativa ciudadana.

Por ahora, en función de la demanda de esclarecer el posible conflicto de intereses del gobierno del que forma parte, el Grupo Higa y la esposa del mandatario, Angélica Rivera, la postura no varía: “No existe un tiempo para resolverlo”, aunque matiza: “es evidente que tiene que atenderse lo más rápido posible, porque es una demanda generalizada. La escucho todos los días, pero lo que importa a la secretaría, además de la rapidez, es que haya condiciones para presentar toda la información derivada de los contratos con el empresario Hinojosa que hayan celebrado con el gobierno”.

–¿No le incrementan la presión las críticas?

–Más que crecer la presión, me genera mayor atención en los diversos círculos. No es una posición de todo un partido, sino de algunos senadores, pero de los que tomo elementos de juicio para presentar resultados.

En este contexto, cuestionado sobre posibles responsabilidades por cancelar la construcción del tren rápido México-Querétaro, Andrade asegura que al estar involucrado el Grupo Higa, forma parte de la investigación sobre la Casa Blanca.

Más allá de los juicios a su gestión, hay la intención de trabajar en reformas administrativas en materia de conflicto de intereses, integridad, transparencia y seguimiento a gobierno con base en las auditorías para construir una plataforma de mejores prácticas gubernamentales.

El secretario se refiere al recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y lo que a su juicio son las principales aportaciones: elevar de tres a siete años el seguimiento patrimonial a los servidores públicos, esto es, un funcionario que saliera en 2015 podría ser todavía sujeto de responsabilidades en 2022; el involucramiento del Poder Judicial, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, para sancionar los casos graves de corrupción, cuyo expediente será elaborado por la SFP.

También, mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para señalar malas conductas y hacer las denuncias correspondientes; la creación de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, que perseguirá ilícitos a partir de la autonomía que tendrá, una vez que se concrete ésta en la Procuraduría General de la República, como estipula la legislación.

Para Andrade la instrumentación de todo el sistema es el gran reto inmediato, y en éste el Congreso aún tiene una tarea fundamental: “legislar en torno al conflicto de intereses, para definir sus alcances y límites de cuándo una relación personal se convierte en conflicto de intereses en términos de cercanías, operaciones y tiempos. Es un punto medular”.

Sostiene que la SFP está atenta a denuncias como el presunto tráfico de influencias entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la candidata del PRI al gobierno de Sonora y ex senadora, Claudia Pavlovich, aunque subraya que es precisamente en estos casos donde el Congreso debe legislar para fijar límites.

–Para muchos sectores la corrupción ha sido el signo de este gobierno, el relanzamiento del SNA obedece a enfrentar el escándalo de la Casa Blanca.

–Es parte de la pluralidad, de una lógica de gobierno-oposición, de los equilibrios democráticos en una sociedad abierta y globalizada. Hay una sociedad más crítica, que tiene la posibilidad de expresarse permanentemente y puede externar sus emociones inmediatas.

–Pero hay datos sólidos. La relación del Grupo Higa, beneficiado por el gobierno del estado de México y ahora por el federal.

–Ese caso requiere de tener la documentación debida para que, con base en datos concretos, se tomen decisiones.

–Con el SNA, ¿no es borrón y cuenta nueva?

–Lejos de eso. Es la construcción de una plataforma con base en hechos que llamaron la atención y generaron polémica. Hay una conjunción de momentos simultáneos. Por un lado, la sociedad puso en el centro del debate y la denuncia a la corrupción. A su vez, el gobierno asume que es un tema central en la agenda, por lo que su combate se convierte en una prioridad a atender este año.

–¿Este país es cada vez más corrupto, o es ahora es más difícil ocultar la corrupción?

–Tendría la hipótesis de que quizás sea menos corrupto, pero por el fenómeno afortunado, una sociedad más abierta, donde hay más transparencia, es más difícil de ocultar. No podemos desconocer el tema y su combate; llevamos al menos 40 años escuchándolo.

–A la sociedad le queda la percepción que el problema es creciente y abarca todos los partidos.

–Precisamente por la percepción que tienen las nuevas generaciones, pero que ya tuvieron otras generaciones, es importante hacer las reformas necesarias, porque se combate solamente con incentivos y evitando impunidad.

–¿Es un problema que detiene el crecimiento del país?

–Incide negativamente en el crecimiento. Puede ser un factor no tan determinante, pero sí afecta de manera permanente; inhibe potenciales que se pudieran desarrollar, porque el impacto final es en la confianza.