El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió otro revés en su estrategia de publicidad rumbo a los comicios del 7 de junio, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó suspender la entrega de tarjetas Premia Platino y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le impuso una multa por 6.2 millones de pesos por hacer propaganda electoral con el programa de vales de medicinas.

Con la decisión de los magistrados de la Sala Regional Especializada y de los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas, el Partido Verde, en lo que va del proceso electoral, suma tres multas por 78 millones 767 mil 715 pesos y prácticamente toda su propaganda se ha considerado ilegal, según se informa en una nota del diario 24 Horas.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el PVEM puso en riesgo la equidad del proceso electoral al difundir como logró de partido el programa social “Vales de Medicinas” para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

“Se estimó que el partido político indebidamente difunde la operación, ejecución y calendarización de un programa social cuya implementación está a cargo del IMSS e ISSSTE, lo que generó una exposición indebida de su imagen frente a la ciudadanía”, señala la resolución.

Por lo cual, se impuso al PVEM una sanción de 6 millones 268 mil 362 pesos y se le ordenó el retiro definitivo de la propaganda de vales de medicinas. Tarjetas Ayer también la Comisión de Quejas del INE ordenó al Verde Ecologista la suspensión temporal de la entrega de tarjetas Premia Platino, que contienen descuentos en más de ocho mil establecimientos del país.

De acuerdo con el instituto electoral, en las próximas 24 horas el Verde deberá cancelar la emisión de tarjetas, y en lo que resta del proceso electoral, abstenerse “de contratar o realizar cualquier otra campaña en la que oferte algún beneficio directo o indirecto de un bien o servicio” a los electores.

El ordenamiento está vinculado a la empresa “Proyectos Juveniles para que de manera inmediata detenga la distribución de las tarjetas de descuento emitidas por el PVEM, y ordenó a las empresas que se publicitan en las tarjetas para que no proporcionen los beneficios promocionados”.

Verde se apropió del programa Vales de medicina

De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado del TEPJF Clicerio Coello, el PVEM incurrió en difusión de una campaña sistemática en medios y se apropió indebidamente del programa “Vales de medicinas” para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

El partido difunde la operación, ejecución y calendarización de un programa social cuya operación está a cargo exclusivamente de las instituciones, “lo que generó una exposición indebida de su imagen frente a la ciudadanía”, pero se exculpó a titulares de las dependencias de responsabilidad.

El magistrado Coello dijo que el PVEM no se limitó a difundir un supuesto logro, sino que “plantea un programa de ejecución; establece la implementación del programa, fechas de inicio, precisa en qué lugares e instituciones (…), se da orientación ciudadana de cómo funciona, se realiza una calendarización del inicio del programa; todo esto sólo es propio de una actividad pública gubernamental.

“De tal manera que hay una gran diferencia entre difundir un logro genérico e institucional y establecer parámetros para la implementación” y eso es adjudicarse un programa social. Esto, concluyó la sentencia, “entraña una suplantación de las atribuciones que ostentan en forma exclusiva los referidos organismos públicos”.

En su argumentación, la magistrada electoral Gabriela Villafuerte Coello recordó que existe prohibición expresa a que un partido se apropie de cualquier programa social.

El artículo 28 Ley General de Desarrollo Social indica que la información relativa al programa social deberá identificarse con el programa social y el texto: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”, recordó.

Si bien, el PVEM ofreció vales en su campaña, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo también los prevenía, y que el 9 de febrero el IMSS e ISSSTE dieron a conocer que a partir del 15 de marzo comenzaría dicho programa.

Entonces, dijo que se actualiza el precepto legal y se blinda al programa de cualquier uso partidista. “Esto tiene fecha de blindaje, es 9 de febrero, porque es cuando arranca el programa”.

Pero a partir del 11 de febrero el partido empieza su difusión, cuando la prohibición ya era expresa”, dijo.

Podrían suspender elecciones en Chilpancingo y Tixtla

En Chilpancingo y Tixtla "no hay condiciones para realizar la elección federal" ante el elevado nivel de encono y riesgo de violencia social que prevalece en todas sus secciones electorales, reconoció la presidenta del Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Leonor Vélez.

"En este momento mi opinión personal es que no hay condiciones", dijo al periódico Milenio.

Vélez está encargada de una tarea nada sencilla: la organización de la elección federal en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Quechultenango, Mochitlán y Tixtla, sede de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En su conjunto, la zona es el epicentro de las protestas derivadas de la desaparición de estudiantes y uno de los bastiones más recalcitrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

La funcionaria electoral denunció que desde hace meses se mantiene una campaña permanente de hostigamiento contra el personal del instituto en la zona, donde esta semana el Consejo Distrital se vio obligado a aprobar "medidas de carácter extraordinario" para tratar de reducir los riesgos a sus capacitadores en Chilpancingo.

Entre otras recomendaciones, se les pidió no usar uniformes ni distintivos del INE y no recorrer ciertas rutas peligrosas. El ciento por ciento de las secciones electorales del distrito fueron ya catalogadas como de "atención especial", lo que apunta a una potencial alta tasa de rechazo entre los ciudadanos para ejercer funciones en casilla.

"Desde el 8 de diciembre que no estamos en nuestra oficina y esto nos está dificultando el trabajo tanto de gabinete como de campo", dijo. "Estamos haciendo lo que podemos para mantener viva la llama del proceso electoral (...) y acordamos hacer uso de medidas extraordinarias para mitigar algunas acciones del movimiento social. En este momento portar el uniforme es motivo de riesgo".

Junto con el resto de sus compañeros del séptimo distrito federal en Guerrero, Vélez se ha transformado en una funcionaria nómada; ni ella ni el resto de los integrantes del INE en la capital guerrerense tienen oficina fija desde el 8 de diciembre, cuando la Ceteg clausuró la Junta Local Electoral, donde hoy hay una pinta amenazadora en una de sus puertas: "Si abren, volvemos".

Ahí, bajo candado, permanece el equipo de cómputo necesario para echar a andar el Programa de Resultados Preliminares (PREP), además de papelería electoral diversa y bases de datos. Pero la dificultad de no tener una sede para trabajar no se limita solo a la infraestructura. Vélez sentenció que en unas semanas se recibirán los manuales de capacitación de los funcionarios de casilla y, en este momento, no hay ni siquiera donde almacenarlos.

El peregrinar de las autoridades electorales del séptimo distrito ha sido permanente desde que perdieron su sede. Por un tiempo, como caravana beduina, se trasladaron a Mochitlán con computadoras y actas a cuestas. A un municipio de distancia estaban lo suficientemente alejados del plantón de la Ceteg en Chilpancingo como para operar con tranquilidad. Pero a finales de febrero, con la llegada de cientos de hombres armados del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg) a la zona, la situación se tornó insostenible de nueva cuenta. Tuvieron que mudarse otra vez.

"Hay muchas balaceras, bloqueos y enfrentamientos por allá y por eso nos regresamos a Chilpancingo", lamentó Vélez. Esta semana, para poder sesionar con el consejo local, pidieron prestada por unos días la sede alterna del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, la autoridad electoral local que, a su vez, pasa por algo similar: también tiene sus oficinas centrales clausuradas.

La sede de la Junta Local Ejecutiva del séptimo distrito no es la única que ha sido vandalizada o que se encuentra cerrada. Las juntas distritales 04 y 09 de Acapulco también han sido ocupadas, lo mismo que la 05 de Tlapa, 08 de Ayutla, la 05 de Chilpancingo y la 03 de Zihuatanejo.

En lo que toca al séptimo distrito, que se encuentra justo en la zona donde la Ceteg mantiene su plantón base —el zócalo de Chilpancingo—, el 6 de enero una de sus oficinas de credencialización fue atacada por normalistas y maestros y sus computadoras terminaron destruidas. De nueva cuenta, a manera de advertencia se dejaron pintas en el módulo. La más repetida: "No habrá elecciones".

Como resultado de las amenazas, el personal del INE se trasladó a principios de este mes a una casa rentada en un punto secreto de Chilpancingo. Una veintena de funcionarios se encuentran hoy laborando en estas oficinas hechizas, entre cajas de cartón, paredes descascarilladas y mesas improvisadas. Se trata de una vivienda con las ventanas tapiadas y cubiertas por cobijas para que los maestros de la Ceteg no descubran las instalaciones.

Fermín Vargas, vocal secretario del séptimo distrito, admitió que los maestros rondan la zona y ya se han acercado a preguntar si ahí trabajan funcionarios del INE. "Nos están buscando", deploró. "Hacemos un llamado a las autoridades para que nos ayuden a recuperar la normalidad democrática".

Las dificultades se han filtrado hasta el nivel básico de la preparación de la elección: los capacitadores. Estos trabajadores del INE, encargados de informar y entrenar a los ciudadanos insaculados que han sido seleccionados para fungir como funcionarios de casilla, experimentan de primera mano las complicaciones de trabajar en territorio de la Ceteg.

"Hay maestros que hacen patrullajes en camioneta buscándonos", dijo Zuly Dayan Brito, una capacitadora que hace funciones en la sección 1225, una de las más cercanas al plantón en Chilpancingo y en donde el nivel de rechazo a participar en la elección federal es más elevado.

"Me ha tocado que me han cerrado como 15 puertas. Algunos me han gritado y otros dicen que tienen miedo de participar por lo que pueda pasar en la elección", dijo. En total, se requiere 18 ciudadanos para que sirvan de funcionarios en cada casilla.

"Hemos tenido como unos 350 rechazos", detalló Moisés Acosta, encargado de capacitación. Como fuere, estimó que hay un avance del 40 por ciento en los trabajos para integrar las mesas de casilla. "Nosotros seguimos trabajando para preparar la elección", insistió.