Bancos, televisoras y otras grandes empresas fueron los principales beneficiarios del perdón fiscal que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2013, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Lo anterior fue una de las conclusiones a las que llegó el órgano fiscalizador tras evaluar el programa "Ponte al Corriente", a través del cual el fisco condonó más de 166 mil millones de pesos según se informa en una nota del periódico Reforma.

De acuerdo con la revisión, los bancos comerciales recibieron un perdón fiscal de más de 20 mil 722 millones de pesos en 2013, mientras que medios de comunicación tuvieron uno superior a 18 mil 536 millones.

Las empresas comercializadoras que aprovecharon el programa de condonación obtuvieron un beneficio de 9 mil 524 millones 833 mil pesos.

Aquellas empresas ligadas a los servicios de telecomunicaciones también tuvieron un perdón del SAT de más de 8 mil 386 millones de pesos en 2013.

En total, 36 empresas en México obtuvieron un perdón fiscal por 80 mil 161 millones 61 mil pesos, lo que constituye el 50.2 por ciento del total de las condonaciones otorgadas a personas morales en 2013.

Las empresas recibieron una condonación de 159 mil 620 millones 431 mil pesos a través de "Ponte al Corriente", en tanto que las personas físicas, por 6 mil 831 millones 329 mil pesos.

Las 10 personas físicas más beneficiadas --que no se identifican-- obtuvieron una condonación en conjunto de mil 48 millones 744 mil pesos, el 15.3 por ciento del total del segmento.

Tan sólo a uno le perdonaron 194 millones 224 mil pesos.

Hubo devoluciones indebidas

La Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño a la hacienda pública federal provocado por el Servicio de Administración Tributaria, que devolvió mil 123 millones 614 mil un pesos a cuatro grandes empresas y un banco.

Según otra nota del periódico La Jornada, en el informe de la cuenta pública 2013, en el rubro condonación de créditos fiscales, el órgano fiscalizador explicó que para la devolución el SAT aplicó el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos 2013, aunque lo hizo de manera incorrecta, porque las empresas y el banco solicitaron la condonación por contribuciones, recargos y multas derivados de contribuciones fiscales que estas personas morales debieron retener, trasladar o recaudar.

La Auditoría explicó que se trata de las siguientes empresas: Sabritas (RFC: SAB730510K44), con 929 millones, 492 mil 858 pesos, aunque es un consorcio al que supuestamente se le aplica el impuesto contra la obesidad aprobado por el Congreso.

Gamesa, GGA831121JE9, con 150 millones 453 mil 901 pesos. La empresa ProLogis Investment, con registro PCI060124PP5, con 9 millones 342 mil 849 pesos. De la misma empresa, la que ostenta el registro PCD060125NV4, con 5 millones 498 mil 397 pesos. Scotiabank Inverlat, con registro SIN941202514, con 28 millones 825 mil 926 pesos.

Además, dicha condonación fue soportada ‘‘en criterios emitidos por servidores públicos de la Administración General de Recaudación del SAT, que no estaban facultados para establecer criterios normativos que corresponden al ámbito competencial de la administración general jurídica’’ de esa instancia, explicó la Auditoría.

Congelan cuentas a ex funcionario oaxaqueño por adeudos fiscales

Jorge Enrique Castillo Díaz, quien al inicio del sexenio del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, se desempeñó como representante del gobierno de esa entidad en el Distrito Federal y luego como su secretario particular, tiene adeudos con el fisco por más de 64 millones 375 mil pesos, por lo cual la autoridad tributaria ordenó la inmovilización de esa cantidad en las cuentas bancarias que tiene el ex funcionario en BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México, según documentos oficiales del SAT.

Dados a conocer por el organismo fiscalizador al amparo de la reforma hacendaria, que ahora permite a la autoridad tributaria difundir el nombre, razón social y registro federal de causantes de los contribuyentes incumplidos, los documentos señalan que al 28 de enero de 2015 no había sido posible notificar directamente de sus adeudos al ex funcionario del gobierno de Oaxaca, porque no fue localizable en el domicilio de Nebraska 23-1, colonia Nápoles de la ciudad de México, “señalado para efectos en el registro federal de contribuyentes”.

Según otra nota del diario la Jornada, el oficio sobre la “inmovilización realizada”, con fecha “3 de noviembre de 2014”, fue elaborado por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal.

En este oficio se asienta que en el domicilio señalado sólo se encontró una “persona del sexo femenino, empleada, quien no se identificó, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que el contribuyente buscado no se localiza en ese domicilio”, se procedió a levantar una acta circunstanciada de hechos por parte del verificador, notificador y ejecutor. Con su ausencia, Jorge Enrique Castillo Díaz se ubicó en el supuesto de “no localizable”, considerado en la reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para hacer pública la situación de los contribuyentes incumplidos.

En otro oficio del SAT (400-36-00-03-2014) dirigido a Jorge Enrique Castillo Díaz, con fecha de 3 de noviembre de 2014, le informan al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal que, “por instrucciones de esta autoridad, las instituciones bancarias BBVA Bancomer SA, Scotiabank Inverlat SA y HSBC México SA realizaron la inmovilización de los depósitos de sus cuentas” y pormenoriza las razones de esa decisión.

La autoridad fiscal asentó: “mediante oficio 324-SAT-VI-14975 de fecha 7 de mayo de 2007, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal determinó adeudos fiscales a su cargo por un importe históricos de 27,101,677.30 (Veintisiete millones ciento un mil seiscientos setenta y siete pesos 30/100 MN), controlado por esta Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal con los números de crédito H-1252054, H-1252055 y H-1252057”.

El SAT le informa al ex secretario particular del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que tiene conocimiento de que ha interpuesto un juicio de nulidad en contra de la resolución determinante de los créditos fiscales, sin que hasta ahora se haya emitido una sentencia. Al no encontrarse garantizados los créditos a su cargo, le señala la autoridad tributaria, “ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inmovilización de los depósitos bancarios localizados a su nombre” en BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México, con fecha del 27 de mayo de 2014, hasta por la cantidad de 64 millones 375 mil 807 millones con 57 centavos.

No es la primera vez en que Castillo Díaz es exhibido públicamente por su desempeño en cargos públicos. Al ex representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal se le involucró en la investigación que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública por la compra “indebida” de un avión para la Secretaría de Gobernación, cuando fue titular de esta dependencia el ex gobernador oaxaqueño, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, durante los últimos dos años de gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

La Secretaría de la Función Pública informó entonces que la compra de la aeronave se llevó a cabo en forma directa sin existir justificación debidamente fundada y motivada para proceder de esta manera, ni hubo dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar de licitación pública la adquisición realizada. Tampoco contó con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.