La Procuraduría General de la República (PGR) busca que Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero con licencia, rinda una declaración ministerial sobre el desvío de recursos ocurrido durante su administración con la finalidad de avanzar en la investigación del caso y deslindar su probable participación en hechos ilícitos.

Lo anterior luego de que el mismo Aguirre dijo en una carta pública, en la que anunció su renuncia al PRD, que se ponía disposición de las autoridades federales y estatales para colaborar en el caso.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, autoridades de la PGR dijeron a ese periódico que no hay alguna orden ni delito acreditado todavía en contra del Ángel Aguirre, pero su declaración es importante en la averiguación. Es por ello que se le invitará para que comparezca de forma voluntaria en calidad de testigo.

El testimonio de Aguirre Rivero, en caso de que asista, sería ante fiscales de la Unidad de Análisis Financiero de PGR, área que depende directamente de la oficina del procurador Jesús Murillo Karam.

Según la investigación federal, funcionarios y familiares del gobernador con licencia construyeron con la intervención de terceros una red que les permitió hacerse de cientos de millones de pesos provenientes del erario público, mediante adjudicaciones directas de contratos de las áreas de obra pública y seguridad, entre otras.

El desvío inició antes de que Aguirre Rivero cumpliera su primer año como gobernador del estado, en 2012, y continuó hasta septiembre del año pasado, dos meses antes de que pidiera licencia tras la crisis iniciada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Son 18 personas, incluyendo uno de los hermanos del ex gobernador, en contra de las que PGR ya procedió y solicitó órdenes de aprehensión. Siete siguen prófugos.

En estos casos se encontró evidencia, como por ejemplo transacciones bancarias, que los vinculan directamente con el destino ilícito de los recursos desviados. Hasta ahora son 287 millones de pesos los identificados en las acciones de lavado de dinero.

En el caso de Aguirre Rivero las autoridades federales subrayaron que no se puede proceder, por lo menos en el ámbito penal, sólo con la sospecha de que conoció o debió conocer de los actos ilícitos de su primer círculo, sino que se necesitan pruebas documentales o de otro tipo que acrediten que intervino. El caso está abierto.

La PGR pidió apoyo a la Policía Federal y a las autoridades de los estados próximos a Guerrero para la ubicación y detención de siete personas en contra de las que se solicitaron órdenes de aprehensión y no han sido capturadas.

Se trata de cinco miembros más de la familia Hughes: Jorge Alejandro Hughes Alcocer, Arturo Percival Hughes, Miguel Ángel Hughes Acosta, Henry Paul Hughes Bueno y Paola Estefanía Hughes Bueno. Los dos prófugos restantes son Wilbert Carreto Mayo y Rosa María Acosta Galván.

Wilbert Carreto fue director de Obras de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, una de las instancias de las que hubo salida ilícita de recursos.

Hasta ahora, de las 18 personas acusadas penalmente, 12 son integrantes de la familia Hughes, conocida ampliamente en Guerrero por sus negocios de la construcción, pero también por otras inversiones entre ellas en centros nocturnos. Varios de sus integrantes ocuparon cargos en la administración de Aguirre, a quien se sospecha que apoyaron con financiamiento en la campaña.

La otra familia involucrada es la del propio ex gobernador. Ya se encuentran encarcelados su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez.

Ayer, en una reunión de seguridad en Mérida, el procurador Murillo Karam dijo que hay 18 personas vinculadas a esta red, sin embargo no dio los nombres de ellos.

Cabe mencionar que bajo la lupa, al parecer sin órdenes de aprehensión, se encuentran Floriberto Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia.

Es muy temprano para decir hasta donde llegarán las investigaciones

En conferencia de prensa en Mérida, después de la reunión regional de seguridad del sureste y a pregunta expresa de si es posible que Aguirre Rivero sea llamado a declarar o si existe algún avance en las pesquisas respecto a su implicación, el procurador recordó que nueve personas, con órdenes de aprehensión, están puestas a disposición del juez y están declarando.

"En otra averiguación podremos determinar si hay más responsables que tengan que verse involucrados en este asunto y actuaremos en consecuencia. Es demasiado temprano como para poderles decir hasta dónde va a llegar la averiguación", dijo según otra nota del diario Milenio.

Murillo Karam agregó que las pesquisas ya llegaron hasta un número de 18 responsables en esto, "de los que se determinará su nivel de responsabilidad en cada caso, de lo que declaren y de lo que continúen las investigaciones determinaremos si hay más presuntos responsables".

Siguen apareciendo anomalías de la empresa de la familia Hughes

Una de las empresas constructoras de la familia Hughes, vinculada al ex gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tiene un domicilio ficticio en la zona periférica del puerto de Acapulco.

Según otra nota del periódico Crónica, sus oficinas operativas están en el fraccionamiento Costa Azul, donde hay una discreta guardia privada y están todas las ventanas, puertas y cortinas cerradas tras la detención del ex subsecretario de Finanzas del gobierno estatal, Víctor Hughes Alcocer, cinco de sus hijos y del hermano del mandatario estatal con licencia, Carlos Mateo Aguirre Rivero.

El martes y miércoles pasados, la Policía Federal logró la captura de Mauricio Francisco, Jorge Eduardo, Paulo Ignacio, Alejandro Carlos y Víctor, de los apellidos Hughes Acosta, quienes junto con sus padres son señalados por el desvío de casi 300 millones de pesos del erario estatal.

Un supuesto domicilio fiscal de una empresa de los Hughes está en la unidad habitacional Alejo Peralta —donde fueron ubicados los damnificados por el huracán Paulina en 1997—, localizada en la zona periférica de este puerto.

Comercializadora 2013 S. A. de C. V., debería de estar en ese lugar, pero en vez de la empresa hay una precaria vivienda construida con prefabricados, malla ciclónica a su alrededor y encima ropa puesta a secar a los rayos del sol por parte de sus moradores, quienes no quisieron salir a declarar nada.

Los vecinos aseguran que nunca, en la historia de esa colonia, ha habido alguna empresa dedicada a cualquier tipo de actividad.

La dirección de la empresa es en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, número 6 de la colonia La Esperanza. De acuerdo al street wiew de Google (https://plus.google.com /108759068092787502567/about?gl=mx&hl=es), donde esta esa precaria vivienda es el domicilio fiscal de Comercializadora 2003 S. A. de C. V.

Las oficinas operativas de los Hughes denominada CAD Constructora S. A. de C. V., ubicadas en el fraccionamiento Costa Azul, están cerradas y sólo un guardia de seguridad privada está afuera de las instalaciones.

Ese lugar está entre las calles Comodoro Carlos Castillo Bretón y Almirante Peary, justo enfrente del colegio privado Nautilus, donde es recurrente ver camionetas blindadas y escoltas armados de los hijos de empresarios y servidores públicos.

En este sitio, el martes se observó un aparatoso despliegue policiaco-militar en el marco de la detención de Carlos Mateo Aguirre Rivero y los primeros hijos de Hughes Alcocer.

Exigen partidos aplicar la ley en caso de Guerrero

En la investigación del caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el PRI, PAN, PRD y PVEM, demandaron que ésta vaya a fondo, "caiga quien caiga", que se aplique la ley y se haga justicia con apego al Estado de derecho.

Según otra nota del periódico El Sol de México, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Silvano Aureoles Conejo, pidió que en este caso la justicia sea pareja y que se actúe conforme a derecho; que no se adelanten juicios y se lleve a cabo una investigación objetiva, que se llame a cuentas a quien se tenga que llamar.

En cuanto a la decisión de Ángel Aguirre Rivero de ponerse a disposición de las autoridades, comentó que la decisión de renunciar a la militancia del PRD es "una decisión personalísima y correcta" que hay que respetar y lo hace con la intención de coadyuvar en la ruta de que se clarifiquen los hechos. "Es una decisión valiente del exgobernador".

Lo demás, añadió, está en manos de las autoridades que serán quienes hagan la investigación correspondiente y deslinden responsabilidades.

El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que el político que cometa actos de corrupción tiene que recibir una sanción ejemplar en este caso de Guerrero y en cualquier otro caso.

Señaló que con el presunto desvió de recursos en el Gobierno de Guerrero y en el que se señalan como responsables el exgobernador y miembros de su familia, está claro que es un verdadero desastre en materia de corrupción y el país ya no puede esperar porque "tocamos fondo". Se pronunció por un "basta a pactos de impunidad".

A su vez el líder parlamentario del PVEM, Arturo Escobar y Vega, sostuvo que el de Guerrero, es un escándalo de Gobierno en corrupción, en violencia, en nepotismo, "es un escándalo el PRD".

Reconoció la decisión del exgobernador Ángel Aguirre Rivero de ponerse a disposición de las autoridades, "pero si las presuntas denuncias son ciertas, entonces es un escándalo de Gobierno en todos los sentidos". Pidió al PRD deje de victimizarse y asuma su responsabilidad completa.