• Sociedad

Piden al gobierno garantizar la actividad empresarial en Oaxaca

  • Ángel García
Tras ataques de los educadores en el estado.

~~Oaxaca.- El sector empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) levantó la voz y dijo a los gobiernos federal y Estatal ¡Basta que nos utilicen, que jueguen con nosotros!, es momento de que se aplique la ley a quienes cometen actos vandálicos.

En conferencia de prensa el presidente de ese organismo en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, advirtió que de no hacer algo pronto la situación podría salirse de control pues la ciudadanía ya está harta.

“Caos y desesperación es lo que se vive en la entidad, tu sales a las calles y la gente está desesperada, y es cuestión de tiempo para que la situación se salga de control; por eso se tiene la responsabilidad de hacer algo”, indicó.

El líder de los empresarios en la entidad, sostuvo es momento que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Gabino Cué Monteagudo sancionen a quienes han causado destrozos y daños en la entidad.

Tal es el caso sostuvo del grupo de personas que recientemente causó la destrucción de las cámaras del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) en días pasados en marco de una protesta que encabezó la sección 22.

Directamente dijo pidió al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, la aplicación del estado de derecho a la Sección 22 de la CNTE y organizaciones sociales a fin de garantizar la actividad empresarial.

Al indicar que en próximos días mantendrá nuevamente una mesa de diálogo con Osorio Chong dijo “…Nosotros no vamos a ir a pedirles algo en específico, vamos a ir a que nos digan que es lo que van hacer y cuál es el futuro inmediato de Oaxaca, para poder entender a qué es lo que nos vamos a tener que atender en lo próximo”, dijo.

Respaldado por los integrantes de la confederación también señaló al Congreso del Estado como el único responsable de que no exista una Ley de Educación en el Estado, pues es la cámara baja la que tiene que aprobar y echar andar la Reforma Federal.

“…El único responsable es el Congreso, no hay otro, pues son ellos quienes deben de tener la voluntad para aterrizar la ley estatal, y tener la capacidad para gestionar las leyes en pro de los oaxaqueños y eso no lo estamos viendo”, dijo.

En tanto sostuvo que en una reunión con el titular de educación en México, Emilio Chuayfett este indicó que no existe un análisis de las afectaciones sociales, económicas y educativas que se tienen en el estado por las movilizaciones de la sección 22.

En este mismo sentido la COPARMEX a nivel nacional emitió un comunicado en el que exige un alto a la violencia que se vive, y es que en el tema estatal aseguró en Oaxaca Chiapas y Michoacán, pequeños grupos que utilizan la violencia como herramienta política y de beneficio particular.

Con estas acciones también están dañando profundamente la convivencia pacífica, el derecho de las personas a transitar sin obstáculos y sin miedo por las calles, las carreteras y los aeropuertos; el derecho de las personas que cada día salen a trabajar y a buscar el sustento de sus familias, a manejar un camión de mercancías, realizar un trámite municipal, obtener su credencial de elector o participar de un evento público sin temor a ser agredidos.

Los empresarios de todo el país reunidos en Coparmex planteamos esta preocupación y exigencia al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión mantenida en días pasados. El Secretario se comprometió a restablecer el Estado de Derecho, y mantener reuniones personales de seguimiento con el sector empresarial de los estados más afectados por la violencia y la inseguridad, como Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas.

La responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de Gobierno, y los presidentes municipales y gobernadores deben también dar una respuesta clara y contundente de cara a la sociedad que exige ¡ya basta de violencia!

Debemos evitar que la violencia impida comicios limpios y transparentes, y contamine el proceso electoral que ya está en marcha en todo el país. Realizarlo bajo condiciones de seguridad y respeto a la legalidad será fundamental para preservar la democracia participativa, el ambiente propicio para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento que benefician a todos los mexicanos.

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