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Pide el presidente superar dolor por Ayotzinapa

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El gobierno federal ya tiene identificados a los otros nueve involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Tras reconocer que los hechos de Iguala provocaron la desaceleración económica de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una batería de acciones fiscales y ejecutivas para reactivar el dinamismo económico de la entidad.

Ratificó que su gobierno se mantiene como aliado de los guerrerenses. Ala compleja situación de los últimos dos meses, Guerrero hoy necesita el respaldo de todos los mexicanos, dijo.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el presidente indicó que el estado “tiene que ser un referente de orgullo, de identidad y de progreso para nuestra nación”. “No tengo duda, son más, muchos más, los guerrerenses que quieren paz, que quieren tranquilidad y que quieren orden en su estado”.

Al poner en marcha la Estrategia Emergente para la reactivación económica de Guerrero, el presidente de la República presentó 11 acciones, en donde destaca su compromiso para garantizar el libre tránsito en la Autopista del Sol (México-Acapulco).

Además, la reducción de 50% adicional a la cuota de la Autopista México-Acapulco (ya reducida inicialmente en 50%) durante la época navideña, con lo que pasará de 248 pesos a sólo 124 pesos, además del despliegue de la Policía Federal en esta vialidad para garantizar la seguridad.

“Ante lo ocurrido (en Iguala el 26 y 27 de septiembre), también reconocemos que la actividad económica, y la más importante que se asienta aquí en el puerto de Acapulco, ha tenido una desaceleración.

“Ha habido inactividad y esto preocupa porque ha provocado la pérdida de empleos, el cierre de algunos negocios, el que la ocupación de Acapulco y otros sitios turísticos haya estado a la baja y eso no puede ser la ruta que se mantenga y eso obliga que el gobierno de la República venga aquí y dé la cara a los guerrerenses”, señaló.

Firmó un decreto que contempla las siguientes acciones: Apoyo a los contribuyentes de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo para que cuenten con mayor liquidez en estos meses de dificultad, mediante facilidades para cumplir con sus impuestos y cuotas de seguridad social de forma diferida y que corresponden a noviembre y diciembre de 2014, y de enero, febrero y marzo del próximo año.

Además de que las devoluciones del IVA se realicen en un periodo máximo de 10 días hábiles. Los contribuyentes que estén pagando un crédito fiscal podrán continuar con sus parcialidades hasta abril de 2015 sin ningún recargo y la condonación de hasta un 100% de multas y recargos del Infonavit.

Se crea un fondo especial que apoyará de manera inmediata a pequeñas empresas en riesgo de quiebra o de cierre en estos cinco municipios, operado por las secretarías de Economía y Desarrollo Social. Este fondo será independiente de los demás programas de apoyo, crédito, reestructuración de pasivos e impulso a pequeñas y medianas empresas que habrán de ejercerse y anunciarse en 2015.

Se pone en operación un programa de empleo temporal, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Semarnat en beneficio de 130 mil familias guerrerenses.

Además, el Programa de Pavimentaciones e Infraestructura Municipal que implica destinar, de inmediato, 500 millones de pesos para pavimentación de calles en Guerrero. Se activa un programa especial de turismo para impulsar que este sector en la temporada decembrina y atraer a más turistas de orden internacional.

La octava acción es implementar un operativo de seguridad al turista con paraderos seguros, servicios de Los Ángeles Verdes, el Programa Playa Amiga y una reforzada seguridad carretera a cargo de la Policía Federal.

La última acción es que se ha instruido a la SCT para dialogar con aerolíneas para reducir tarifas a turistas que quieran viajar a Acapulco en fin de año.

El presidente enfatizó que son mucho más los guerrerenses a favor del respeto a las instituciones “que les aseguren condiciones de seguridad y, sobre todo, amplíen los esfuerzos para que haya mayor desarrollo y oportunidad para todos los guerrerenses”.

Recordó que en el Plan Nuevo Guerrero se han invertido ya 39 mil 762 millones de pesos, y puntualizó que una de las mejores formas de mostrar solidaridad con los guerrerenses, es visitando el estado de Guerrero.

En su intervención, la titular de Sedesol, Rosario Robles, subrayó que el plan no sólo permitirá apoyar a los guerrerenses en momentos duros como estos, sino que también es un compromiso para impulsar la paz, “porque ese es el único camino para darle paso a un Guerrero con menos desigualdades y pobreza, con mayor prosperidad”.

La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, destacó que el turismo genera 25% del PIB de Guerrero y es su principal actividad económica por lo que se han invertido más de 735 millones de pesos en esa entidad en obras que mejoran y modernizan la infraestructura turística existente.

El gobernador Rogelio Ortega enfatizó que con estas medidas se podrá hacer de la crisis “una oportunidad para construir un nuevo Guerrero”.

Van por nueve más que participaron en desaparición de normalistas

El gobierno federal ya tiene identificados a los otros nueve involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y ha efectuado la búsqueda en 270 puntos que han indicado los padres, a raíz de las investigaciones, señaló el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, al término de una reunión con familiares de las víctimas de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero.

Según otra nota del diario La Jornada, el funcionario explicó que el encuentro que sostuvieron con familiares de los estudiantes en la Procuraduría General de la República (PGR) fue encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo Karam, y abordaron tres temas: una recapitulación de las investigaciones, se entregó un informe detallado de los sitios donde se ha buscado a los estudiantes desaparecidos, y se acordó entregar una recreación de lo ocurrido en el basurero del municipio de Cocula y pedir que personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) colabore con la investigación lo más pronto posible.

“Se revisó punto por punto cada uno de los lugares que se han visitado: cuevas, lagos, cañadas, poblados, y se entregaron las minutas de cada una de las búsquedas, ya sea que éstas deriven de una acción ministerial o por las versiones que reciban los padres, y los familiares nos acompañan en los recorridos.

“Se acordó seguir trabajando con toda intensidad y el secretario de Gobernación ratificó su compromiso de que personal de Policía Federal está dedicado a la búsqueda de los muchachos única y exclusivamente en esa tarea.

“El segundo punto fue un avance de las investigaciones. El grupo de abogados y representantes de los familiares pidieron que se hiciera de toda la investigación. Se está trabajando en ella, y el compromiso de la PGR es entregarla mañana.

“El tercer punto fue el relacionado con los trabajos con la CIDH. Se ratificó la decisión del gobierno de la República de dar todas la facilidades, la comunicación con la comisión está abierta y mañana habrá una videoconferencia con ellos para pedirles que a la brevedad contemos con su presencia en México para apoyar en las tareas de revisión e identificación”, informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad al término del encuentro.

Rubido García anunció que en el caso Iguala sólo quedan nueve órdenes de aprehensión por cumplir y que los demás involucrados ya han sido identificados, entre ellos un hombre al que varios detenidos han mencionado con el sobrenombre de El Chucky, uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que ordenó la desaparición de los 43 normalistas.

Investigan a doce ayuntamientos por nexos con el crimen organizado

Como ha ocurrido en Iguala y Cocula, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga nexos del crimen organizado con las administraciones de al menos otros 12 municipios del estado de Guerrero.

Los 12 están incluidos en la lista de 22 ayuntamientos contemplados por el gobierno federal para la puesta en marcha del nuevo operativo anticrimen, en el cual el Ejército y la Policía Federal asumieron desde el miércoles pasado el control de la seguridad pública.

En el caso de esta docena de municipios, la PGR cuenta con indicios como nombres, puestos y, sobre todo, testimonios contenidos en averiguaciones previas abiertas con anterioridad, en las cuales se señalan vínculos de funcionarios municipales con jefes u operadores del narcotráfico, en especial de los grupos autodenominados Guerreros Unidos (GU) y Los Rojos. La estrategia será cotejarlos con elementos más sólidos como historiales financieros y patrimoniales.

Según otra nota de periódico Crónica, los indicios apuntan a cargos desde presidentes municipales hasta directores de seguridad pública y tránsito, síndicos, delegados territoriales y agentes policiales de las diversas alcaldías.

La información procesada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha sido reforzada por las declaraciones de los alrededor de 80 detenidos de los últimos meses, tras la desaparición —la noche del 26 de septiembre— de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Una de las voces claves, incorporadas a la causa penal 100/2014, es la de Sidronio Casarrubias Salgado, quien fuera líder de Guerreros Unidos y experto en corromper funcionarios y policías municipales.

La mayoría de los nombres se han derivado de la última investigación sobre el caso, en la cual testigos señalaron algunos apodos o claves usadas en el ámbito criminal que la PGR ya ha logrado identificar, y con las que busca girar más órdenes de aprehensión.

Los modos de operación en todos los casos son similares: grupos delincuenciales que ofrecían recursos a cambio de protección y libertad para desarrollar todas sus actividades. Y, en menor medida, células que recibían dinero público para servir de brazo armado, como ocurrió en el municipio de Iguala, según se ha desprendido de las investigaciones en torno a los secuestrados de Ayotzinapa y del asesinato del síndico administrador Justino Carbajal Salgado.

Ahí, en Iguala, GU recibía del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, de los cuales 600 mil eran un complemento a la nómina de la policía local. Además, los jefes de plaza podían decidir el ingreso de algunos de sus integrantes a los cuerpos de seguridad.

Después de presentar el plan en Tierra Caliente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró que la PGR sería meticulosa en sus investigaciones en contra de los alcaldes de la región, a fin de encontrar las mayores pruebas posibles y evitar así el desplome de los procesos y las liberaciones anticipadas, como pasó durante el sexenio pasado.

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