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Pide Defensoría seguridad para habitantes de Ánimas Trujano y de San Juan Bautista La Raya

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Además reprueba DDHPO uso de fuerza pública en Santa María Huatulco.

~~Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que garantice la protección en el municipio de Ánimas Trujano y la agencia municipal de San Juan Bautista La Raya, ante el enfrentamiento suscitado el 17 de noviembre último entre habitantes de esas comunidades por disputas de tierras ejidales.

El coordinador general de Defensorías, Juan Rodríguez Ramos, indicó que la Defensoría inició el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/1364/(01)/OAX/2014, luego de que diversos medios de comunicación difundieran el enfrentamiento suscitado entre ambas comunidades, en el que resultaron heridas al menos una docena de personas.

Indicó que el organismo defensor solicitó la colaboración a la Secretaría estatal de Seguridad Publica para que gire instrucciones al Comisionado de la Policía Estatal a fin de que ordene a sus elementos efectuar recorridos de vigilancia y proteger las zonas en conflicto.

Rodríguez Ramos comentó que con esta medida la Defensoría busca contribuir al restablecimiento del orden y evitar nuevos enfrentamientos entre las partes en pugna, salvaguardando además la integridad, bienes y derechos de las y los habitantes de ambas comunidades.

REPRUEBA DDHPO USO DE FUERZA PÚBLICA EN SANTA MARÍA HUATULCO

El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, condenó el uso de la fuerza pública durante el enfrentamiento que mantuvieron elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco en contra de manifestantes, a los que agredieron con disparos de arma de fuego.

Subrayó que en el video difundido por diversos medios de comunicación se observa que hubo una mala planeación del operativo por parte de las personas al mando del mismo, y por ello, se presumen violaciones a derechos humanos en este caso.

Precisó que la Defensoría abrió el expediente número DDHPO/60/SMH/(17)/OAX/2014, luego de que medios de comunicación difundieran un video del enfrentamiento entre manifestantes y policías municipales de Santa María Huatulco.

Peimbert Calvo agregó que la Defensoría solicitó informes sobre el suceso al presidente municipal de Santa María Huatulco, y giró una medida cautelar para que la autoridad evite actos de molestia contra manifestantes o habitantes de Santa María Huatulco, con observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El ombudsman rechazó que este suceso pueda equipararse a las graves agresiones ocurridas en Iguala, Guerrero, y Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, advirtió que hechos como este demuestran el desprecio de varias autoridades del estado de Oaxaca hacia la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos.

Peimbert Calvo añadió que hechos como los ocurridos en Huatulco el 17 de noviembre, patentizan la urgencia de capacitar a elementos de la policía municipal a fin de evitar enfrentamientos de esta naturaleza.

Recalcó que es necesario contar con diseños operativos y control de manifestaciones en los cuales se garantice el cumplimiento de los principios del uso de la fuerza y se ponga particular énfasis en el control de quiénes van a emplearla.

Advirtió que antes de utilizar armas de fuego para imponer el orden debiera primero agotarse toda una serie de actos, pues en el video que se ha difundido sobre esta agresión se observa que las armas se utilizan para dispersar a los manifestantes, pero una vez que la propia policía generó el conflicto.

Es decir, ellos mismos, al no realizar un operativo adecuado, hacen que crezca el conflicto, y al verse amenazados por los manifestantes reaccionan de manera inadecuada accionando sus armas de fuego, lo cual genera desorden, caos y pone en riesgo a las y los manifestantes y a los propios policías, subrayó.

 

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DEMANDA PEIMBERT CALVO ESCLARECER IDENTIDAD DE AGRESORES EN CHICHICAPAN Y HUATULCO

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demandó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a las autoridades municipales de San Baltazar Chichicapan y Santa María Huatulco esclarecer la identidad de los responsables de agresiones a ciudadanos de esas comunidades, por las que se responsabiliza a elementos de la policía municipal.

El titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, señaló que tras participar en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que convocó el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, percibe en diversos ayuntamientos de Oaxaca una carencia total de respeto hacia las directrices establecidas por dicho Consejo y hacia los estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso legítimo de la fuerza pública.

Estas directrices y esos estándares debieran garantizar la seguridad de todas las personas en la entidad, recalcó.

Añadió que la Defensoría cuenta entre estos estándares los establecidos por el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Peimbert Calvo puntualizó que en la reunión de trabajo celebrada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública quedó de manifiesto que diferentes presidentes municipales no han acatado las disposiciones para sujetar a los elementos de las policías municipales a los protocolos para el uso racional y legítimo de la fuerza pública.

El titular de la Defensoría expuso que en esa reunión de trabajo también percibió que diversos presidentes municipales manifiestan un total desprecio por capacitar a los elementos de sus cuerpos de policía en el respeto a los derechos humanos.

Por este motivo, el presidente del organismo defensor hizo un enérgico llamado a esas autoridades para que corrijan su actitud y establezcan mecanismos adecuados de capacitación en esta materia para todos los integrantes de sus ayuntamientos.

El ombudsman exhortó de manera puntual a las autoridades municipales para que garanticen que los encargados de proporcionar seguridad a los ciudadanos no se conviertan en los responsables de acrecentar la inseguridad entre la población.

Peimbert Calvo subrayó que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca demanda que los titulares de los ayuntamientos en nuestra entidad acaten las medidas y directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de eliminar cualquier posibilidad de que en nuestro estado puedan ocurrir vulneraciones graves a los derechos humanos como las que han cometido servidores públicos en el estado de Guerrero y en el estado de México.

Considero de vital importancia que todas las autoridades de seguridad pública en el estado se alineen a las directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de garantizar la integridad, bienes y derechos de todas y todos los habitantes de Oaxaca, concluyó el titular de la Defensoría.

– COMUNICADO A MEDIOS INFORMATIVOS –

LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA DEMANDA SANCIÓN A RESPONSABLES DE AGRESIONES A HABITANTES DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAN Y SANTA MARÍA HUATULCO

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca demanda a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado y a las autoridades municipales de San Baltazar Chichicapan y Santa María Huatulco esclarecer la identidad de los responsables de agresiones a ciudadanos de esas comunidades, por las que se responsabiliza a elementos de la policía municipal.

Tras participar en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que convocó el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos señala que en diversos ayuntamientos de Oaxaca se evidencia una carencia total de respeto hacia las directrices establecidas por este Consejo y hacia los estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso legítimo de la fuerza pública, directrices y estándares que debieran garantizar la seguridad de todas las personas en la entidad.

La Defensoría cita entre estos estándares los establecidos por el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

En la reunión de trabajo celebrada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca quedó de manifiesto que diferentes presidentes municipales no han acatado las disposiciones para sujetar a los elementos de las policías municipales a los protocolos para el uso racional y legítimo de la fuerza pública.

La Defensoría también percibió en esa reunión de trabajo que diversos presidentes municipales manifiestan un total desprecio por capacitar a los elementos de sus cuerpos de policía en el respeto a los derechos humanos, por lo cual el organismo defensor hace un llamado a esas autoridades para que corrijan su actitud y establezcan mecanismos adecuados de capacitación en esta materia para todos los integrantes de sus ayuntamientos.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exhorta de manera puntual a las autoridades municipales para que garanticen que los encargados de proporcionar seguridad a los ciudadanos no se conviertan en los responsables de acrecentar la inseguridad entre la población.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca también demanda que los titulares de los ayuntamientos en nuestra entidad acaten las medidas y directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de eliminar cualquier posibilidad de que en nuestro estado puedan ocurrir vulneraciones graves a los derechos humanos como las que han cometido servidores públicos en el estado de Guerrero y en el estado de México.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca considera de vital importancia que todas las autoridades de seguridad pública en el estado se alineen a las directrices establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública a fin de garantizar la integridad, bienes y derechos de todas y todos los habitantes de Oaxaca.

 

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