El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió sólo 107 minutos para declarar la improcedencia e inconstitucionalidad de las consultas populares propuestas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y por el PRD contra la reforma energética, con el argumento de que “se actualiza uno de los supuestos constitucionales que impide llevarlas a cabo al estar relacionadas con los ingresos y egresos del Estado mexicano”.

Con el voto en contra del ministro José Ramón Cossío, la mayoría descalificó las preguntas formuladas por ambos partidos –por separado– al sostener que eran confusas y carecían de objetividad.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, el presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, y otros ministros justificaron su determinación de ayer, al afirmar que “no fue decisión del tribunal establecer cuáles son las materias que no pueden ser objeto de este novedoso mecanismo de participación ciudadana”.

Aseguró que la decisión “no cancela cualquier otra vía para llegar a una modificación, incluso constitucional. Otros serán los caminos, mas no la consulta popular en este caso concreto”.

“Esta Corte no otorga ni prohíbe el ejercicio de este derecho; en el propio texto constitucional se le han puesto una serie de restricciones al ejercicio de este derecho” que tenemos obligación de acatar, añadió Jorge Pardo Rebolledo.

José Ramón Cossío sostuvo que las consultas eran procedentes en razón de que constituyen un derecho político, previsto en el artículo 35, fracción VIII constitucional, y que la interpretación de los derechos humanos debe ser la más benéfica para las personas.

Subrayó, al restringir los temas objeto de las consultas, que la Corte tenía que hacerlo “de manera limitativa y estricta” para no restringir un derecho humano.

En cambio, Cossío dijo que no se actualizaba ninguno de los temas que no pueden ser objeto de la consulta, por lo que propuso que el pleno analizara la pregunta presentada por Morena y PRD.

Como en pocas ocasiones, la sesión se inició en punto de las 11 horas, con el análisis de la consulta planteada por Morena, la cual pretendía que en los comicios federales del año próximo la ciudadanía se pronunciara sobre la siguiente pregunta: “Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”

Olga Sánchez Cordero, quien elaboró el proyecto de dictamen, precisó que “la Constitución nunca habla de concesiones, siempre de asignaciones y de contrataciones”, y agregó que la reforma constitucional establece un sistema de asignaciones en el área eléctrica, petrolera y de hidrocarburos con la finalidad toral de obtener ingresos “que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación”, por lo que su relación es directa con los ingresos del Estado, “respecto de los cuales no es posible que tenga verificativo la consulta popular”.

Respecto de la pregunta de Morena, Alberto Gelacio Pérez Dayán indicó que ésta no cumplía “con ninguno de los requisitos que establece la Ley Federal de Consulta Popular, ni tendría posibilidad alguna de reformulación”.

La pregunta no permite tener “un ejercicio cierto, certero y eficaz como para darnos una respuesta concreta de lo que la ciudadanía piensa”.

Margarita Luna Ramos insistió en que era inaceptable “que la consulta nos lleve a la posibilidad de una reforma a la Constitución”.

La consulta popular es un derecho, dijo a su vez Luis María Aguilar, en favor del pueblo mexicano, pero como tal “tiene restricciones establecidas en la Constitución. No las estamos estableciendo nosotros, las está haciendo el constituyente, nosotros las debemos acatar y ponderar en qué sentido y con qué extensión se deben aplicar las restricciones”.

Por nueve votos a uno se aprobó el proyecto de Sánchez Cordero.

De inmediato, sin el acostumbrado receso de mitad de sesión, se inició el debate sobre la consulta del PRD.

Margarita Luna Ramos, ministra instructora, recordó la pregunta propuesta: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”

Precisó que el proyecto, lo mismo que el anterior, dictaminaba la improcedencia de la petición por estar relacionada con ingresos y gastos del Estado. Además, señaló que la pregunta planteada era “confusa en cuanto a su contestación” y que, al proponerle al electorado una pregunta que no es sencilla ni comprensible para todo el común de las personas y que no cumplía con el requisito de dar lugar a una respuesta categórica en un sentido o en otro.

Cossío intervino para reiterar que el concepto de ingresos era “restringido” y que tampoco se actualizaba en este caso.

Uno a uno los ministros reiteraron en intervenciones breves, sus argumentos e insistieron en que su postura no restringía los derechos humanos.

De la misma manera que en el asunto anterior, el pleno no analizó la pregunta planteada, porque no lo consideró necesario.

Silva Meza argumentó: “estamos pronunciándonos en una consulta popular, con exigencia constitucional y legal precisa en los extremos en los cuales tiene un diseño del poder revisor de la Constitución que nosotros acatamos e interpretamos”.

Una hora y 47 minutos bastaron a los ministros para desechar las consultas populares, que contaron con el respaldo, en total, de casi 5 millones de ciudadanos que buscaban ejercer por primera vez en la historia del país su derecho a ser escuchados y tomados en cuenta.

Los ministros son unos vulgares corruptos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador calificó de “vulgares corruptos” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque “violaron la Constitución y le negaron al pueblo de México su derecho a decidir”, al declarar improcedente la consulta popular sobre la reforma energética.

“Fue una decisión mafiosa. Hoy quedó de manifiesto que los ministros no son más que empleados del titular del Poder Ejecutivo”, expresó a través de las redes sociales y durante una gira de trabajo por el estado de Morelos.

Dijo que fue un “golpe de Estado para destruir por completo el estado de derecho e instaurar un régimen corrupto y antinacional”.

Desgraciadamente “se cumplió lo que les dije a cada uno de los ministros en una carta del 8 de abril de 2011”, que “desde entonces se habían comprometido con los mandos políticos del régimen...

“Si de por sí ya estaba en duda la honestidad de los ministros, ahora se ganaron con creces que se les tache de vulgares corruptos. La historia los juzgará”, señaló según otra nota del periódico La Jornada.

El partido del ex candidato presidencial reprodujo las declaraciones de su líder, quien subrayó que luchará por revertir las reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal y energética.

El petróleo, advirtió, no es del gobierno, mucho menos de Peña Nieto, es del pueblo y de la nación.

López Obrador aseveró que la Corte consumó un golpe de Estado para instaurar un régimen corrupto, autoritario y antinacional.

Llamó a los ministros a pensar bien sus decisiones para no ser “cómplices de la mafia del poder” al impedir la realización de una consulta ciudadana, con la “argucia” de que el tema se relaciona con los ingresos del gobierno y se afectarían las finanzas públicas.

La pregunta propuesta por Morena para que los ciudadanos respondieran en las urnas, durante los comicios del año entrante fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

El enunciado, dijo López Obrador, es prácticamente el mismo incluido en la Carta Magna antes de la reforma “del deshonesto y traidor a la patria” Enrique Peña Nieto.

Consulta popular del PRI también será rechazada

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, encargado del proyecto de resolución sobre la consulta popular que impulsa el PRI para reducir el número de legisladores plurinominales, propondrá al pleno declarar improcedente e inconstitucional la propuesta del tricolor.

De acuerdo con el proyecto de resolución al que tuvo acceso El Universal, se declarará inconstitucional la pregunta propuesta por el PRI porque está configurada en una de las prohibiciones que establece la Constitución Política para realizar este ejercicio, y que se refiere al blindaje en materia electoral.

Según la nota de ese periódico, la Corte ya rechazó las consultas del PAN sobre salarios mínimos, del PRD y Movimiento Regeneración Nacional sobre reforma energética, y la del PRI es la última con que la Corte cerraría este primer ejercicio para evaluar estos mecanismos.

Esperan votación el martes. La pregunta elaborada por el PRI es la siguiente: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”.

La presidencia de la SCJN enlistó la discusión de este proyecto de resolución en el orden del día de la sesión pública del próximo lunes 3 de noviembre, ya que la revisión de la constitucionalidad de esta consulta se admitió el martes pasado, y los ministros únicamente tienen 20 días naturales para procesar el caso.

Los diez ministros en ejercicio (Sergio Valls Hernández tiene licencia por su grave estado de salud) votarán el proyecto. Se requieren seis votos para que la propuesta de González Salas transite. Y en caso de que ocurra un eventual empate, el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, tendrá voto de calidad.

Los proyectos de resolución fueron turnados por decanto, es decir, la primera consulta que se admitió a trámite fue asignada a la ministra con más años en el cargo, Olga Sánchez Cordero, y así sucesivamente.

Según el artículo 35 constitucional, no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la materia electoral.

En caso de que el pleno declare improcedente la consulta del PRI, los ministros habrán desechado las cuatro consultas populares previstas por los partidos políticos para su ejecución en el proceso electoral de 2015.

Decisiones inapelables: PRI. El presidente nacional del PRI, César Camacho, dijo que las decisiones de la Corte son inapelables por lo que sólo queda acatarlas.

Sobre las consultas rechazadas, dijo que la Corte no ha actuado con connotación política.

Confirmó que en breve acudirá con los ministros para hacer un alegato de oídos sobre la propuesta del PRI.