Oaxaca.- El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se comprometió mediante convenio suscrito ayer a dar tramitación, seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos oficiales internacionales en la materia.

Con la suscripción de este documento, el ayuntamiento deberá cumplir con las tres recomendaciones hechas el 16 de diciembre de 2012, el 11 de julio y el 13 de septiembre de 2013 al gobierno municipal encabezado por Luis Julián Ugartechea Begué, quien rehusó aceptar estas medidas correctivas y las dejó incumplidas.

En las instalaciones del Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, en el número 414 de la calle de Arteaga, el Defensor Peimbert Calvo y el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez suscribieron el convenio de colaboración por el cual se comprometieron a implementar procesos de formación en materia de derechos humanos con los funcionarios y empleados del municipio de Oaxaca de Juárez.

El documento suscrito por la Defensoría y el Ayuntamiento también  compromete a ambas instancias a presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de formación y asesoramiento, fomento y  difusión cultural en materia de derechos humanos.

Para dar seguimiento a este acuerdo, la Defensoría designó a su coordinadora general de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos, Irma Lucía González Espinoza, mientras que el ayuntamiento asignó esa tarea a su director de Derechos Humanos, Saúl Alberto Ángel Villarreal, y a su jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento de la Dirección de Derechos Humanos Ileana Vásquez Unda.

Previamente a la ceremonia, la coordinadora general González Espinoza hizo la presentación del Programa de Formación en Derechos Humanos que aplicará la Defensoría en el municipio.

Para concluir esta actividad, el director de Políticas Públicas de la Defensoría, José Juan Julián Santiago, moderó el conversatorio “Principios de igualdad y no discriminación en las políticas públicas municipales”, en el cual participaron Vidal Agapito Antonio, por la Defensoría, Alejandro de Jesús Ramírez, coordinador de Espiral por la Vida A. C., Patricia Vásquez Martínez y Juan Pablo García Camacho por el gobierno municipal.

Los ponentes en este conversatorio expusieron los temas “La discriminación a las trabajadoras y trabajadores del sexo”, “Retos del municipio ante el contexto indígena”, “Reconocimiento y discriminación a la comunidad LGBTTTI” y “Los niños y las niñas en los programas municipales”

En la ceremonia de firma del convenio participaron, además del Defensor Peimbert Calvo y del presidente municipal Villacaña Jiménez, la coordinadora general González Espinoza, el Síndico Segundo municipal Rodrigo Eligio González Illescas, el Secretario municipal Jorge Manuel Gracida Orduña, y el secretario municipal de Desarrollo Humano Leandro Hernández García.

RESPETAR DERECHOS HUMANOS, DEMANDA DEFENSORÍA A GOBIERNOS MUNICIPALES

El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó este jueves a los ayuntamientos del estado de Oaxaca a respetar, proteger y hacer efectivas esas prerrogativas universales para todas y todos sus habitantes, dado que el cumplimiento de esa obligación legal les permite además evitar escenarios de violencia e ingobernabilidad.

El ombudsman estatal señaló que las autoridades municipales son normalmente las más señaladas como posibles violadoras de derechos humanos, lo que podrá cambiar sólo a partir de que las y los funcionarios de todos los ayuntamientos comprendan cabalmente las obligaciones y límites que les establecen los derechos humanos.

En el acto por la firma de un convenio de colaboración entre la Defensoría y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Peimbert Calvo explicó que en las sociedades donde se permite hablar a las personas excluidas y se protegen sus derechos humanos, es menos probable que éstas recurran a la violencia para solucionar sus demandas, lo que permite una mejor estabilidad social e institucional.

La gobernabilidad, dijo, depende de una interacción dinámica, sana y efectiva entre gobernados y gobernantes, en la búsqueda del mejoramiento de todas las condiciones de vida de todas las personas, que sólo puede ser a partir del cumplimiento cabal de los derechos humanos, por lo que éstos son el prerrequisito y el marco en que se puede construir la gobernabilidad.

Durante el acto, en el que participaron también el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, integrantes del cabildo y de la administración municipal, así como servidores públicos de la Defensoría, Peimbert Calvo resaltó que la gobernabilidad incluye entre sus componentes a la buena gobernanza, concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas.

La buena gobernanza, explicó, “implica la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero, así como escenario para la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento”.

Las sociedades con buena gobernanza, de acuerdo con la ONU, tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia y la pobreza, pues cuando se permite hablar a los excluidos y se protegen sus derechos humanos, será menos probable que recurran a la violencia como solución, expuso el ombudsman.

Subrayó que cuando las personas pobres tienen voz y capacidad de incidir en los asuntos públicos, es más posible que la acción gubernamental implique políticas que reduzcan la pobreza.

Peimbert Calvo puntualizó que la gobernabilidad depende de una interacción activa, sana y efectiva entre gobernados y gobernantes, en la búsqueda del mejoramiento de todas las condiciones de vida de todas las personas, que sólo puede ser a partir del cumplimiento cabal de los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo señaló que “es clara la necesidad de actuar con una visión de largo plazo que permita que cada vez más personas tengan la posibilidad real de ejercer cada vez más derechos humanos. Para los gobiernos, no obstante, los derechos humanos no deben ser moneda de cambio para adquirir un beneficio futuro”.