Desde ayer, la Policía Federal (PF), a través de la División de Gendarmería, asumió las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala, Guerrero, ‘‘en acompañamiento’’ con el Ejército, anunció el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, se trasladará a Guerrero para encabezar en Iguala las investigaciones de los hechos en los que perdieron la vida seis personas, desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa y se encontraron posteriormente 28 cuerpos en fosas clandestinas.

Uno de los objetivos prioritarios de la participación del gobierno de la República en este operativo es contribuir en la búsqueda y localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ‘‘para lo cual no se escatimará esfuerzo alguno’’, dijo Rubido García.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el funciomnario destacó que ‘‘mediante la realización de tareas de investigación y de inteligencia de las diversas dependencias del gabinete de seguridad, se reforzarán las acciones para ubicar a los responsables de los hechos delictivos que han agraviado tanto a la región como al país’’.

Acompañado por representantes de las fuerzas armadas, el funcionario destacó que de manera paralela a las acciones conjuntas, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Policía Federal vigilarán los distintos accesos al municipio de Iguala y efectuarán recorridos en sus inmediaciones bajo una óptica de prevención y protección ciudadana.

‘‘Ante los hechos ya calificados por el Presidente de ‘indignantes, dolorosos e inaceptables’, las dependencias que integran el gabinete de seguridad del gobierno de la República actuaremos en el marco de nuestras atribuciones con pleno apego a los derechos humanos y con un irrestricto sentido de actuar con base en la ley, con la única finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos delictivos suscitados en la zona de Iguala’’, señaló.

Por ello, se envió a este municipio a unos 250 elementos de la Gendarmería Nacional para hacerse cargo de la seguridad y continuar la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, en el contexto de cooperación y colaboración con el estado de Guerrero.

‘‘Las acciones instruidas por el Ejecutivo federal tienen por finalidad coadyuvar a que los hechos delictivos que han trastocado la vida de esta región no queden impunes, se logre su esclarecimiento y se ubique y sancione a los responsables conforme a la ley’’, insistió Rubido según la nota del periódico La Jornada.

Entre las tareas que se están llevando a cabo destaca que los policías municipales aún en activo han sido desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual realiza la revisión puntual de la licencia colectiva de uso (…) y mantiene bajo resguardo dichas armas en instalaciones militares.

Mientras tanto, los policías municipales han comenzado a ser trasladados ‘‘para su evaluación y capacitación’’ al centro de adiestramiento de la sexta Región Militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala.

También se realizarán estudios de balística por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), para precisar si armas oficiales han sido utilizadas en la comisión de actos delictivos, afirmó Rubido García.

Por su parte, en conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, explicó que la dependencia a su cargo asumirá totalmente el caso para la ubicación de responsables de la ejecución y secuestro de normalistas, la localización de desaparecidos e identificación de los restos hallados el fin de semana.

“La indignación que tenemos es seria. No nos va a hacer actuar de manera ni violenta ni irresponsable, actuaremos en los términos de la ley”, dijo. También informó que reforzará el grupo que ya opera en Guerrero y colabora con las autoridades estatales.

En Acapulco, en conferencia de prensa, el gobernador Ángel Aguirre Rivero manifestó que “si mi renuncia ayuda a resolver el problema, no tengo ningún inconveniente en irme.”

El procurador Murillo Karam explicó que el presidente Enrique Peña Nieto giró indicaciones para llegar a la verdad por los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que murieron seis personas, hay 43 desaparecidos y se encontraron 28 cuerpos en fosas clandestinas.

“El Estado Mexicano, me dijo el Presidente de la República, no debe de darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza, y si bien respetuosos de la competencia local que en principio tenía el caso hoy, ante la posibilidad real de lo que puede parecer un hecho lamentable, grave, la indicación es que con toda la fuerza del Estado actuemos para buscar la verdad, la sanción y el castigo, debe quedar bien claro, bien claro que no habrá impunidad”, afirmó según otra nota del periódico Excélsior.

Gobierno federal ignoró narco nexos del alcalde de Iguala

El gobierno federal ignoró las denuncias del propio PRD contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, sobre supuestos vínculos con el narco y persecución de líderes sociales.

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, la primera dama de Iguala es hermana de Mario Pineda Villa y Alberto "El Borrado" Mario Pineda, operadores del Cártel de los Beltrán Leyva. Ambos fueron ejecutados en 2009.

En octubre de 2013, integrantes de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional entregaron al gobierno federal el testimonio de un sobreviviente de las torturas y ejecuciones ordenadas por el alcalde.

"Es el presidente José Luis Abarca quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa", relató Nicolás Mendoza, testigo de la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona, y cuyo testimonio ante notario fue entregado a las autoridades.

De sus notas personales, René Juvenal Bejarano, integrante de la dirección nacional del PRD, comparte los antecedentes de criminalidad del alcalde de Iguala y de su esposa.

Asimismo, narra cómo hizo del conocimiento del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, acciones criminales imputadas a Abarca.

Conforme su testimonio, Bejarano cuenta que mediante la intermediación de la diputada federal Aleida Alavez logró una cita con Murillo, donde le presentó una declaración notariada de uno de los sobrevivientes de un secuestro ordenado por Abarca y le detalló los actos de tortura y el asesinato de Arturo Hernández Cardona, militante del PRD e integrante de la corriente de Bejarano (IDN) dentro del partido.

Tres sobrevivientes del secuestro del puñado de militantes que acompañaban a Hernández Cardona narraron a Bejarano los incidentes. Con esos testimonios, el perredista acudió con Murillo.

Al no tener respuesta, buscó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien lo citó en una oficina de Avenida Reforma, cerca de Polanco, para escucharlo, pero sin ningún compromiso.

"Dijo que lo iba a revisar, pero eso en el lenguaje del PRI es quizás que no va a pasar nada", comentó decepcionado.

Bejarano compartió con el diario Reforma parte de sus notas personales sobre el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, ex militante de la Asociación Cívica Revolucionaria (ACNR) y líder de la Unidad Popular, Asociación Civil; consejero nacional del PRD e integrante de la dirección estatal de ese partido.

Conforme al testimonio rendido por sobrevivientes a Bejarano, "José Luis Abarca, actual Presidente Municipal de Iguala, tiene a su esposa, de nombre María de los Ángeles Pineda, hermana de Alberto Pineda Villa alias 'El Borrado', vinculado al capo Arturo Beltrán Leyva muerto en Cuernavaca, Morelos.

"Dijeron que también sus otros dos hermanos de la cónyuge del munícipe han sido acusados de pertenecer a bandas delincuenciales.

"Indicaron que han sido múltiples los señalamientos que indican que en el centro comercial Plaza Tamarindos del municipio (propiedad de Abarca) la mayoría de los establecimientos del centro joyero y que expenden principalmente oro pertenecen al Alcalde y que se presume que en ese lugar se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita".