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Caen los primeros militares por caso Tlatlaya

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Hay indicios de que el pasado 30 de junio 22 personas fueron ejecutadas por militares en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón

Ocho militares fueron detenidos y puestos a disposición de un juez castrense en relación con la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se trata de un oficial y siete elementos de tropa que participaron en un operativo el 30 de junio en ese municipio.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, los uniformados fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar y están internos en la prisión del Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal, precisó la Sedena en un comunicado.

El oficial está acusado de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, mientras que el resto sólo de infracción de deberes.

El proceso judicial se desarrolla independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles, dijo la dependencia federal.

El pasado 30 de junio, 22 personas murieron en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya.

Según la versión que el Ejército difundió en ese momento, se trataba de una banda de secuestradores que fueron abatidos en un enfrentamiento tras agredir a los militares. Tres mujeres fueron liberadas, señaló la Sedena.

La semana pasada, la revista Esquire dio a conocer el testimonio de una testigo que acusó a los militares de haber fusilado a 21 de las 22 personas incluyendo a una menor de edad después de que se habían rendido.

Ayer por la mañana, al clausurar el seminario "La Defensa Nacional del Estado Mexicano", en instalaciones de la Universidad Anáhuac en Huixquilucan, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, afirmó que la institución tiene un compromiso con los derechos humanos.

"Cualquier conducta que se aleje de este precepto habremos de llevarla a las instancias jurídicas correspondientes para que sean ellas las que determinen lo conducente", expresó.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), señaló ayer que Tlatlaya será un "caso testigo" para evaluar el compromiso del Gobierno de Enrique Peña con el imperio de la ley.

"Es una prueba importante, y es importante que haya una investigación y un procesamiento genuinos si toda la evidencia indica que hubo una ejecución sumaria", dijo en entrevista.

"Esto es muy importante no sólo por el número de muertes, sino porque es la masacre más notoria bajo Peña Nieto y es una oportunidad para que el Presidente demuestre su compromiso con el imperio de la ley y con poner a las fuerzas de seguridad bajo el imperio de la ley, aún si están combatiendo el tráfico de drogas".

Roth consideró que Peña Nieto es un muy buen "vendedor" de la imagen de México y elogió las reformas estructurales que ha impulsado, pero advirtió que aún es prematuro afirmar que haya habido mejoras en el respeto a los derechos humanos en su gobierno.

Abogó por un cambio en la política de combate a las drogas, hacia un enfoque basado en la educación y la regulación, en vez del actual esquema prohibicionista para reducir la narcoviolencia.

"El esfuerzo para debilitar a los cárteles depende en gran medida de un cambio en la estrategia de drogas. En muchos sentidos, la guerra contra las drogas está haciendo que la violencia sea peor en vez de reducirla", alertó.

“Es muy positivo que el Presidente parezca interesado en bajar la violencia. Eso requiere un enfoque de tolerancia cero a las atrocidades de las fuerzas de seguridad", insistió.

Desde el 22 de agosto, HRW señaló que el Gobierno de México debería asegurarse de que su investigación sobre la muerte de 22 civiles a manos de soldados en un incidente ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya sea imparcial y efectiva.

La investigación, subrayó en un pronunciamiento, debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular.

Hace una semana, luego de que la edición mexicana de la revista Esquire publicara testimonios que indican que 21 de los civiles muertos fueron ejecutados por elementos del Ejército, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que a casi tres meses de los hechos había más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día.

"Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente", subrayó.

Hay indicios de que se trató de una ejecución

Catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, estado de México, fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.

‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó el criminólogo José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.

Según otra nota del diario La Jornada, la escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.

‘‘Si la confrontación fue entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete.’’

Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MVT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas.

Ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional duró tres horas, tiene disparos en la cabeza; todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen.

En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el criminólogo precisó que fueron colocados de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron dos disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros.

‘‘Uno de los datos periciales más reveladores es que las víctimas presentan, todas, manchas de lodo en las rodillas, y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco.

‘‘A esas personas las sometieron, permanecieron más de media hora hincadas, algunas más pecho a tierra; luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco’’, detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MVT.

Señaló que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado ‘‘trompo’’, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala.

‘‘En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de cinco cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible’’.

En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas, para evitar que alguien observe hacia el interior; solamente cuenta con dos accesorias sin cortinas.

Había tres camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne. A pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares y resguardarse de los tiros de éstos, las unidades no presentan daños graves. Incluso tres de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería.

Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones.

José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que ‘‘plantaron’’ a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, los cargadores son grises, ‘‘y esos sólo los utilizan los militares’’.

En muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas estaban en paralelo con los rifles.

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