~~Oaxaca.- Organismos de derechos humanos de Oaxaca, acusaron a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de hostigar a 42 poblaciones indígenas de Oaxaca, para imponer la construcción de la Presa “Paso de la Reina”, que implicaría una inversión de mil 100 millones de pesos, lo que advirtieron podría generar condiciones de inestabilidad y violencia, por que la obra de infraestructura no se consulta abiertamente, y se pretende despojar de sus tierras a los lugareños.

El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert, urgió la intervención incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para sancionar dentro su competencia un acto de abuso de autoridad por parte del gobierno federal.

“En Oaxaca los organismos de derechos humanos estamos fijando una postura clara de rechazo a la ejecución de la obra de infraestructura, por que vemos cómo preocupante que en el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos para valer una consulta pública, abierta y libre se recargue una acción de gobierno que no está profunda, máxime cuando se quiere imponer la construcción de una presa.

“Nosotros queremos que se haga valer la consulta para determinar si se hace la obra o se rechaza, no queremos que haya mecanismos inductivos de la CFE para imponer sus criterios, ya que está afectando la paz social de una parte de la zona costera de Oaxaca”.

Dijo que dentro del análisis y conclusiones que ha resuelto como organismo, han identificado que con la obra hidráulica se verán afectadas terceras personas.

Ya que hay riesgo de afecten los pozos de agua dulce y de riego que abastecen a los pueblos de la zona lagunar de Oaxaca, donde se encuentran Manialtepec, Chacahua que son áreas protegidas y de reserva natural por parte de la Semarnat.

También hay riesgo de desastre, por que el sitio donde se quiere construir la cortina de la prensa está catalogado como una franja sísmica activa.

Peimbert demandó valer un proceso diáfano e inteligible para que las comunidades puedan emitir su consentimiento a la obra.
Peimbert Calvo, afirmó que CFE ha engañado a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las 3 mil 100 hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona.

Consideró vital que los gobiernos municipales y el gobierno de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población.

Manifestó que la CFE ha informado que el proyecto costará mil cien millones de dólares, y que la cortina de dicha presa medirá 147 metros de altura y afectará 3 mil 100 hectáreas.

También ha precisado que el 75 por ciento de los habitantes de las poblaciones que se verán afectadas con esta obra, "están de acuerdo en la obra, lo cual es falso, porque todas las comunidades rechazan este proyecto, y existen firmas, actas de asamblea donde los habitantes han firmado y puesto su huella para rechazar esos trabajos".

En tanto el gobernador Gabino Cué refirió que no va validar ninguna obra que ponga en riesgo la vida de las personas y que implique el desplazamiento de comunidades indígenas.

“Yo creo que las presas son necesarias, generar energía es necesario, pero apuesto más en estos momentos a la energía eólica con todo lo que significa porque contribuye al revertir los efectos del cambio climático, y en el caso de las presas, cuando implica mover a población, tienen que hacerse con el consenso de la gente”.

En tanto el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral (CIIDIR) dependiente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reportó que el inicio de la construcción de la presa “Paso de la Reyna”, está suspendido al menos por 10 años hasta en tanto no se conozcan el dictamen del estudio de impacto ambiental.

Manifestó que el proyecto de esta presa hidroeléctrica es una muestra de cómo diversos megaproyectos relacionados con la generación de energía y la explotación de los recursos naturales son puestos en marcha sin tomar en cuenta los derechos humanos, tanto individuales como los colectivos de los pueblos indígenas.

En tanto profesores de la sección 22 de la CNTE y organizaciones sociales amagaron con cerrar las carreteras en la zona para impedir el paso de maquinaria y de personas de la CFE, dentro del sitio donde se pretende construir la presa.