Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como organismo defensor de derechos humanos, manifiesta su solidaridad al gremio periodístico  por el reciente asesinato del reportero Gregorio Jiménez, pues aún cuando los hechos ocurrieron en el estado de Veracruz, tiene efectos en todo el país, así mismo nos unimos a la exigencia de justicia a través del  esclarecimiento de este hecho.

Este organismo público autónomo y ciudadanizado, expresa nuevamente su preocupación por el grado de vulnerabilidad que siguen sufriendo   las y los periodistas, así como las personas defensoras de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no puede quedarse callada ante la continuidad de los ataques a la libertad de expresión, que se están presentando en diversos puntos del país y en la entidad oaxaqueña, pues cada agresión representa un retroceso al respeto y ejercicio de los derechos humanos de todas y todos.

Las y los periodistas, así como las personas defensoras de derechos humanos dentro de su actividad, pueden darle voz a los  sin voz, además de que a través del manejo de la información permiten que todas y todos puedan acceder a  una verdad más justa, que muestre todas las realidades  y  a cada uno de los miembros de la sociedad.

 Ante las agresiones, este organismo defensor de derechos humanos insiste en la importancia en que se garantice el derecho a la libertad de expresión e información, así como el que todas y todos podamos exigir sin ningún tipo de hostigamiento, presión o amenaza,  respeto  por los derechos humanos, para que se pueda presentar un avance real y un desarrollo social más justo.

 La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene documentados desde el año 2008 a la fecha  19 expedientes de queja, así como 46 cuadernos de antecedentes sobre diversas agresiones  en contra de periodistas, es por ello que el 13 de enero de este año emitió una alerta temprana  dirigida a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que generen las condiciones suficientes y necesarias para garantizar el derecho a la información, así como a la libertad de expresión en nuestra entidad.