Cancela Osorio encuentro con gobernador de Sonora

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Luego que el mandatario corriera a funcionarios federales, el secretario de Gobernación dijo que no hay condiciones para un diálogo respetuo

Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), canceló el encuentro programado para este día Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, por la falta de “condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”.

En un comunicado, la dependencia confirmó que sí estaba agendada una reunión con el mandatario estatal. Sin embargo, “hoy estamos en una circunstancia diferente”, dijo el titular de la Segob tras una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios.

El pasado martes, Padrés acusó a funcionarios federales de haber actuado tarde ante la crisis ambiental desatada por Grupo México y posteriormente los expulsó del comité que atiende el caso.

De acuerdo con una nota del periódico Excélsior, Osorio Chong exhortó ayer al gobierno estatal a que se conduzca con el mismo respeto y actitud constructiva que ha mostrado el gobierno de la República.

El titular de Segob aseguró que la cita se realizará cuando haya condiciones para un diálogo “respetuoso y constructivo”.

Osorio Chong destacó que “el gobierno de la República está haciendo lo que corresponde y confío en que el gobierno de ese estado haga lo propio”.

El pasado 9 de septiembre Padrés Elías acusó a los delegados federales de Semarnat, Profepa y Conagua en la entidad de no haber actuado a tiempo para evitar el derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido en agosto pasado.

Posteriormente los expulsó del Comité de Atención a la Emergencia (COE) y pidió su destitución, por considerar que no eran interlocutores válidos, además de que acusó al gobierno federal de no aportar recursos para la atención de 22 mil habitantes de la región afectada.

“En la reunión de Protección Civil, el presidente de ese consejo es el gobernador del estado o sus representantes, y seguiremos al frente de ese consejo, pero de ninguna manera considero como un representante válido a ninguna de esas dependencias federales, a los señores delegados. No son bienvenidos.

“Que manden algún otro representante de la misma dependencia, menos a esas personas que han actuado de mala fe y con dolo, que le han causado un grave daño a Sonora, porque de ninguna manera hicieron su trabajo cuando debieron y ahora es tiempo de llamarlos a cuentas y que paguen”, declaró Padrés.

Incluso, la actitud del mandatario de Sonora también provocó que el gobierno federal iniciara una investigación sobre la construcción de una presa en un rancho propiedad del gobernador, pues se presume que carece de los permisos que se requieren para una obra de tal naturaleza.

Esta situación motivó que el miércoles el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, respondiera de manera enérgica al gobernador al señalar que no hay sustento para dichas acusaciones.

“Conminamos al gobierno del estado de Sonora a que se conduzca dentro del ámbito de la ley en el ámbito de sus atribuciones y sus responsabilidades, por lo que es preciso enfatizar que el nombramiento y permanencia de los delegados federales en aquel estado es facultad exclusiva del Presidente de la República y no del gobernador del aquel estado”, afirmó.

Al respecto, Guillermo Padrés Elías lamentó que el secretario de Gobernación haya cancelado la reunión pactada para este viernes y se dijo dispuesto a restablecer el diálogo.

En un comunicado de prensa donde reconoce y agradece la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien logró un fideicomiso de dos mil millones de pesos para la reparación del daño en la zona del río Sonora, el gobernador se dijo respetuoso de las instituciones.

Van dos mil millones para reparar daño ambiental

A poco más de un mes del derrame de tóxicos en el río Sonora, el gobierno federal anunció que las subsidiarias de Grupo México crearán un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparar los daños ambientales y materiales provocados por la contingencia.

En conferencia de prensa realizad en el Casino Naval, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, explicó que esta especie de fondo revolvente proporcionará aportaciones por 500 millones de pesos. No obstante, no será un monto definitivo y en caso de requerirse recursos extras los asumirá la empresa.

"Las empresas Buena Vista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, subsidiarias ambas de Grupo México, se han obligado ante el gobierno de la República a reparar totalmente el daño ambiental y a pagar los daños materiales ocasionados a las personas afectadas por el derrame", indicó.

Según otra nota del diario Milenio, Guerra Abud señaló que el fideicomiso funcionará a través de un Comité Técnico Intersecretarial que se conformará en los próximos días.

"La prioridad es la reparación inmediata de los daños a las personas y del medio ambiente de las comunidades afectadas. Mediante la constitución del fideicomiso, por 2 mil millones de pesos, se asegura que la empresa responsable cubrirá los daños causados al entorno, a las personas y a sus bienes.

"Al mismo tiempo se obliga a cumplir con cualquier medida correctiva que le ordene la autoridad competente. De este modo, el gobierno de la República confirma su convicción de que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente deben ir de la mano", acotó Eduardo Sánchez, vocero de la administración federal.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, señaló que con este procedimiento se evita un largo proceso legal.

"Lo que establecen las leyes ambientales para aquel que cause una contaminación es reparar el daño ocasionado por esta situación y esto se ha logrado sin necesidad de acudir, como lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ante una autoridad judicial.

"Los supuestos para la suspensión o la revocación de una concesión son supuestos jurídicos, que ante el sometimiento a la ley de la empresa, en este momento no se ven actualizados porque están cumpliendo con la legislación ambiental", comentó.

Castillejos recalcó que el fondo es independiente a la sanción económica que se impondrá a la empresa por su responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.

En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, precisó que el fideicomiso no implicará recursos fiscales del gobierno.

El Comité Técnico estará integrado por expertos en materia ambiental y vigilará el cumplimiento del programa de remediación proyectado.

Además, evaluará las demandas de personas que hayan sufrido afectaciones en su patrimonio o actividad productiva.

Los funcionarios expresaron que no hay montos ni tiempos definidos para la sanción económica que sería impuesta a la empresa, no obstante, es un procedimiento que continuará su rumbo.

"Además de iniciar los procedimientos correspondientes, las autoridades federales han dado los pasos necesarios para evaluar los daños, establecer el plan para remediarlos y asegurar que la empresa causante cumpla con la responsabilidad de repararlos", reiteró el vocero del gobierno federal.

Esta cifra coincide con lo calculado el pasado lunes por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora sobre los daños ocasionados a por lo menos siete municipios de la entidad: Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Ures.

El ombudsman estatal, Raúl Ramírez, indicó que el monto se fundamentó en entrevistas con productores de la región, la población y los alcaldes. Incluso, consideró que los daños impactaban a 32 mil habitantes.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la contaminación en este cuerpo de agua evaluó, en un primer momento, afectaciones por 800 millones de pesos.

En tanto, el pasado 4 de septiembre el consorcio minero anunció la creación de una reserva de 300 millones de pesos para garantizar la reparación de daños y el pago de multas.