La “Operación Limpieza”, por la que fueron sentenciados 12 funcionarios, quedó liquidada cuando los jueces determinaron que las declaraciones de testigos protegidos eran infundadas y con ello se exoneró del delito de Delincuencia Organizada a los dos últimos encarcelados: Miguel Ángel Colorado González y Antonio Mejía Robles.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, el Cuarto Tribunal Unitario ratificó la sentencia absolutoria a favor de los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes fueron procesados en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Marisela Morales era titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Colorado y Mejía fueron acusados de vender y entregar información al cártel de Los Beltrán Leyva sobre las operaciones especiales, cateos y retenes en contra del crimen organizado.

Sin embargo, los impartidores de justicia consideraron que las acusaciones del Ministerio Público no fueron cotejadas y confirmadas con pruebas documentales y actos probatorios de hora, lugar y circunstancia, y solo fueron formuladas con base a pruebas testimoniales difíciles de confirmar.

La determinación del Tribunal Unitario es el resultado de la impugnación de las autoridades ministeriales en contra de la primera sentencia absolutoria a favor de los inculpados dictada en febrero pasado por el juez de Distrito.

El viernes pasado, a seis meses del primer dictamen, el Tribunal Unitario con sede en Jalisco ratificó la sentencia absolutoria del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales y confirmó los argumentos presentados para dictar la libertad, sobre manipulaciones e imprecisiones de los testigos colaboradores de la PGR.

Por ello no tenían fundamento jurídico legal y la privación de la libertad era violatoria de la garantías individuales, por ello ratificó la libertad ordenada a través del expediente 250/2008, y sus acumulado 22/2011.

“…los cargos presentados carecen de valor probatorio, ya que fueron desvirtuadas durante el proceso dejando en evidencia que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa”, fue uno de los resolutivos de sentencia dictada por el juez de Procesos.

Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González fueron absueltos por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y Contra la Salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud, según la imputación de la PGR.

“Este órgano jurisdiccional basó su resolutivo, además, en determinaciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sustentado diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que una prueba cuya obtención ha sido irregular, no puede ser considerada válida, ya que de lo contrario, los inculpados estarían en condición de desventaja para hacer valer su defensa”, argumento en su momento el juez a través de su sentencia.

A Colorado González también se le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.

El juez concluyó que la pruebas para acreditar el delito fueron insuficientes; además de que se comprobó que fueron adquiridos a través de una actividad preponderante, conforme a los sueldos y salarios que percibió como agente federal; a la compra venta de inmuebles obtenidos por herencia y otras actividades comerciales.

Personajes como Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO; los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto; y el mayor Iván Reyna Muñoz fueron acusados durante la “Operación Limpieza”, sin embargo todos fueron liberados y exonerados por el poder judicial.

De acuerdo con los antecedentes, reportes de inteligencia presuntamente dirigidos desde Estados Unidos, las imputaciones en contra de estas personas fueron con base en nueve testigos colaboradores, con los nombres clave “Jennifer”, “Felipe”, “Mateo” y “Pitufo”, pero al final sus declaraciones resultaron infundadas.

En 2013, durante el primer año de la gestión de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) desistió de las imputaciones de los inculpados, a partir de ahí las investigaciones realizadas basándose en los testigos protegidos se vinieron abajo.

Durante la denominada “Operación limpieza”, en el año 2008, en la gestión del presidente, Felipe Calderón fueron detenidos 12 servidores públicos, y otros 35 separados de sus cargos.

El entonces procurador de la República, Eduardo Medina Mora, informó que Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, entonces aliados con el Cártel de Sinaloa, pagaron entre 150 y 450 mil dólares al mes a funcionarios a cambio de “información reservada” y “datos operativos” de investigaciones y labores de inteligencia en contra del crimen organizado.

Miguel Colorado González, 68 años, alias El viejito del Cielo o El Anciano, era Coordinador General Técnico de la SIEDO, y estaba encargado de personal de la AFI para las investigaciones solicitadas por agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO.

Ingeniero civil y ex militar que llevaba más de una década en las áreas de combate al crimen organizado en la PGR, y fue agente policiaco en Jalisco y Estado de México. Detenido en octubre del 2008.

El ex miembro de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Antonio Mejía Robles, bajo las órdenes de Colorado González, también fue absuelto por el juez por carecer de fundamento legal las acusaciones de los testigos protegidos.

Niega ex gobernador de Michoacán relación con algún grupo criminal

El ex gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, descartó la existencia de algún video suyo en convivencia con algunos de los integrantes del crimen organizado, o el líder de la organización criminal de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, alias La Tuta, como se han evidenciado en las últimas semanas lo mismo con presidentes municipales que con el hijo del ex mandatario de esa entidad, Fausto Vallejo.

“No hay nada, afortunadamente en mi caso como en el caso de la mayoría de los perredistas hemos sido muy congruentes, nuestra batalla en Michoacán ha sido muy clara en ese tema de la inseguridad y el crimen organizado, lo que sucede es que no coincidíamos con la propuesta guerrista de Felipe Calderón que es muy diferente”, sostuvo según otra nota del periódico Crónica.

Godoy recordó que dejó la gubernatura de Michoacán hace más de dos años y puede recorrer el país y esa entidad sin ningún temor o preocupación. “He dado siempre la cara y aquí voy a seguir estando; mi trinchera es de izquierda y lo seguirá siendo”, aseveró.

Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, reconoció que la estrategia del gobierno federal ha avanzado en esa entidad, pero dejó en claro que el conflicto en Michoacán no terminará con la detención de La Tuta, sino con el desmantelamiento real del crimen organizado en ese estado y en varios más del país.

“El gobierno tiene que dar una respuesta sobre ello”, demandó.

En ese sentido emplazó al gobierno federal a despejar las dudas que se tiene sobre el involucramiento de muchos alcaldes, mujeres y hombres en Michoacán a raíz de los videos que se han difundido donde aparecen varios presidentes municipales con La Tuta o con alguno de sus operadores.

“Se tiene que investigar  eso que fue una situación de verdad agobiante para ellos. Unos se involucraron, otros no pero tenían que tratar pues eran obligados”, indicó.